El nuevo anuncio de desescalamiento del conflicto colombiano, oficialmente comunicado por el presidente Santos el domingo 12 de julio 2015, tiene otras características al anuncio de noviembre 2014 que se inició en diciembre de ese año.
Ahora las Farc expresan que será por un mes y dependiendo de los ataques de la Fuerza Pública, así podrán ir prolongándolo; el Gobierno le coloca un plazo a la terminación de las negociaciones, cuatro meses, para agilizar la agenda en La Habana y anuncia que tomará medidas de desescalamiento pero que no dejará de ejercer la fuerza del Estado.
La lectura inmediata es: las dos partes quedaron chasqueadas con los ataques desde abril, el escalamiento, las hostilidades, los bombardeos, el terrorismo ambiental, el sabotaje, la afectación a la población civil, etc. Las dos partes se convencieron de que no deberían seguir infringiéndose golpes, que si bien es cierto tenían capacidad de ataque, también había respuesta, y que el proceso de paz se iba a desbaratar irremediablemente.
La forma de asegurar el funcionamiento de 4 meses mas para concluir el proceso fue acercándose es con la intervención internacional de la ONU y de Unasur. Vamos a observar una etapa novedosa dentro del conflicto nacional con veeduría internacional, monitoreo y comprobaciones; sin estar normadas en el derecho internacional las formas de desescalamiento, ni siendo obligatorio.
Todo se hará de manera consensuada para ganar confianza y reanudar puntos de acuerdo. Será un cese bilateral atípico porque no lo admitirá expresamente el Gobierno, pero lo practicará.
La prueba de que el cese al fuego sirvió fueron los casi 5 meses iniciales del año 2015, disminuyeron los ataques y los daños en un 85%, y la ciudadanía había vuelto a creer.
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