Hay que apoyar a la administración municipal en su determinación de desmantelar el campamento de venezolanos que se instauró en los alrededores de la terminal de transportes de Cali.

Se calcula que a la ciudad han llegado cerca de 40.000 ciudadanos de dicho país y que en ese sitio se instalaron aproximadamente 350.

La política de Colombia es clara en el sentido de apoyar y acoger a los refugiados.

Sin embargo, eso no puede significar violentar las normas. En este caso en particular se trataba de una invasión al espacio público, una zona además de alto riesgo por tratarse de las orillas del río Cali.

Igualmente, en diferentes operativos de la policía se había establecido que en el lugar se registraban actividades como el tráfico de armas, el expendio de alucinógenos y la prostitución.

Los venezolanos deben saber que son bienvenidos en el marco de la legalidad y del respeto a las normas de nuestro país.

En todo sentido, nuestras autoridades deben tener mano dura cuando las personas infrinjan las normas, se trate o no de un extranjero.

Las condiciones difíciles que están afrontando no es una excusa para permitir malas conductas, tampoco para invadir una propiedad o un espacio público.

Nuestra ciudad siempre ha sido punto de convergencia de múltiples migraciones y sabemos el costo que tiene normalizar la situación cuando no ha sido bien manejada.

Los caleños somos cordiales y recibimos con generosidad a quienes llegan a nuestra ciudad en busca de nuevas oportunidades.

Sin embargo, no podemos perder de vista que la solidaridad no tiene que ir en contra de la defensa de los intereses generales de una ciudad.

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