El Derecho Internacional es incumplido como ocurre con el Derecho Interno en varios países: una burla a las normas.
Coincidencialmente hace un año la ONU procedió a glosar, codificar y organizar todas las normas sobre deportaciones, o sea, la expulsión de personas de un país, y cuando todo estaba claro para aplicarse, Venezuela incumple los procedimientos que permiten la expulsión de extranjeros.
La guardia venezolana no cumplió la normativa internacional de deportaciones en lo tocante a varios Derechos Humanos protegidos: la dignidad, el trato a las personas en situación de vulnerabilidad, el trámite sobre la propiedad de los expulsados, y la expulsión de manera colectiva, no proceden, porque violan el debido proceso; las expulsiones o deportaciones se pueden hacer, uno por uno.
La deportación masiva tiene otra lectura. Y enmarca retaliaciones por razones anteriores entre países limítrofes, un nacionalismo del otro lado para avivar una imagen decaída, manipulación de la información para justificar atropellos, viejas rencillas acumuladas que desatan la iracundia del gobernante intemperante; deportaciones como cortina de humo para tapar la crisis económica que padece Venezuela por errores en el manejo de la economía.
Lamentablemente queda un paso por dar, sin excusas, retirar a Venezuela como país acompañante al proceso de paz, porque un país que viola sin recato el Derecho Internacional no puede ser garante de lo que se viene, es decir; el cumplimiento de lo pactado para el cese bilateral definitivo.
Le tocara al gobierno colombiano rediseñar su política de fronteras con Venezuela para evitar ser avasallados.
Frente a las deportaciones no se puede permanecer inmóvil, hay que reaccionar ante los organismos internacionales, como lo hizo el Fiscal general ante la Corte Penal internacional.
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