Muchas son las atrocidades cometidas al amparo del conflicto armado y así como escuchamos testimonios de los crímenes de grupos de autodefensa, se conocen episodios de las Farc que se van desvelando con un alto grado de barbarie.
Uno de los capítulos más aberrantes del conflicto colombiano, que no se puede convertir en cifras de las estadísticas, es el abuso sexual a miles de víctimas, tanto guerrilleras como habitantes de poblaciones donde la presencia de la Fuerza Pública era exigua.
El texto “Violencia Sexual como Crimen Internacional Perpetrado por las FARC” documenta que hasta el año 2011, 1.800 guerrilleras abortaron por obligación y las principales víctimas de esa violencia son menores de 11 a 15 años de edad de comunidades indígenas.
La Fiscalía tiene un registro de cerca de nueve mil personas que estuvieron sometidas a esta clase de delitos cometidos por diferentes actores del conflicto. En el caso de las Farc, unos 200 desmovilizados fueron acusados por violencia sexual cuyas víctimas no son solo mujeres, también los niños sufrieron violaciones.
Insisto que el tema no puede ser solo un asunto de cifras, no podemos pasar por alto el sufrimiento de tantas personas que tuvieron que someterse con violencia durante varios años a las exigencias sexuales de sus comandantes o compañeros de filas.
Necesitamos la verdad, que quienes son culpables de esos hechos respondan por sus actos. La violencia sexual no es un delito político ni conexo con este tipo penal, no hay justificaciones que excusen el haber cometido semejantes crueldades, tiene que haber una reparación integral para las víctimas, condena a los victimarios y el compromiso de no permitir que esos episodios sigan siendo parte de nuestra realidad.
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