Colombia ha vivido una tensión persistente entre el Estado y las estructuras que ejercen control en amplias zonas del territorio.

Guerrillas, grupos criminales y estructuras del narcotráfico han disputado durante décadas la autoridad estatal en regiones donde la institucionalidad ha sido débil o intermitente.

Sin embargo, lo que hoy comienza a generar mayor preocupación es que ese control territorial que se ha venido consolidando termine traduciéndose en control electoral.

Ese tránsito silencioso, progresivo y profundamente riesgoso puede alterar las reglas reales de la competencia democrática.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se impulsa la fallida política de “paz total”, la intención era reducir la violencia y abrir caminos de desescalamiento del conflicto.

No obstante, en la práctica, en muchas regiones el resultado ha sido el fortalecimiento de la capacidad ilegal, la reconfiguración de estructuras y su expansión territorial.

Disidencias, organizaciones del narcotráfico y estructuras criminales han aprovechado ceses al fuego, vacíos operativos y mensajes políticos ambiguos para fortalecer presencia, control social y dominio económico.

El control territorial, además, no se limita a la presencia armada. Implica la capacidad de imponer normas, regular economías ilícitas e incluso legales, decidir quién entra y quién sale de un territorio y condicionar la vida cotidiana de comunidades.

Cuando el Estado reduce su presión coercitiva sin reemplazarla eficazmente por institucionalidad sólida, justicia efectiva, inversión social sostenida y presencia permanente de la Fuerza Pública el espacio no queda vacío. Lo ocupan otros poderes.

Los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo introdujeron un elemento adicional.

El nuevo Congreso quedó profundamente fragmentado, con varias fuerzas relevantes, pero con una mayoría clara.

El Pacto Histórico fue la lista más votada al Senado, seguido por el Centro Democrático, reflejando un país políticamente dividido y en competencia permanente.

Pero más allá de la aritmética parlamentaria, la elección también dejó ver que en varias regiones donde persisten economías ilegales y presencia de grupos armados como el norte del Cauca, Putumayo, el Catatumbo en Norte de Santander, zonas de Nariño, pacífico y zonas rurales del Valle del Cauca, el sur de Córdoba, Magdalena y el caribe rural, entre otras, la política local continúa atravesada por dinámicas de control territorial que condicionan la competencia democrática.

El problema de fondo es que ese control territorial inevitablemente tiene una dimensión política. En territorios donde un grupo armado regula la movilidad, controla economías locales o media en conflictos comunitarios, también influye de manera directa o indirecta en el comportamiento electoral.

La presión no siempre es abierta o visible. A veces basta con restringir campañas, facilitar la movilización de ciertos candidatos o simplemente “sugerir” afinidades políticas en contextos donde la población vive bajo dependencia y temor.

No se trata necesariamente de afirmar que exista una estrategia coordinada entre el Gobierno y las estructuras ilegales. El punto crítico es otro.

Cuando la capacidad y la autoridad estatal se fragmentan, el ecosistema resultante puede alterar el equilibrio real de la competencia política.

Lo que queda claro es que la estrategia del Gobierno frente a los grupos armados, basada en concesiones y reducción de la presión operativa, ha contribuido de manera coincidencial o deliberada a configurar un entorno territorial que terminó favoreciendo electoralmente el proyecto del propio Gobierno.

El tránsito del control territorial al control electoral no ocurre de un día para otro, es un proceso gradual, comienza con la tolerancia del Gobierno, continúa con su normalización en la vida local y culmina cuando se condiciona la competencia política y el comportamiento electoral de las comunidades.

Cuando eso ocurre, las urnas siguen estando allí, pero la democracia empieza a vaciarse. Porque una democracia puede sobrevivir a la polarización, incluso a la fragmentación política.

Lo que difícilmente puede resistir es que, en su propio territorio, la libertad del voto deje de ser verdaderamente libre y secreto.

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