Defenestración en Brasil

El proceso ante el Senado que destituyó a Dilma Rousseff, pero no la inha-bilitó políticamente, estuvo acompañado de marchas populares saltuarias a su favor, protestando por lo que denominaron un golpe de Estado parlamentario, maquillado de juicio político para defenestrarla y apartarla del poder.

Dilma Rousseff no fue acusada de un delito concreto, su juicio se inició por “utilizar créditos suplementarios sin aval del Congreso y usar dineros de bancos federales para cerrar las cuentas fiscales”.

Sus opositores no dejaron citar a nuevas elecciones que habrían dado un manto de legitimidad a la sucesión pre-sidencial. Integrantes de varios movimientos sociales beneficiados con los subsidios estatales, realizaron las protestas multitudinarias.

Ahora vendrán recortes a esos programas, reducción de proyectos económicos, frenos al gasto público, disminución al tiempo de las jubilaciones (en Brasil la edad de jubilación está en 54 años).

Pero también hubo marchas multitudinarias y protestas a favor del cambio o relevo gubernamental, críticas contra los partidos políticos que están incursos casi todos en la financiación de sus campañas con dineros de la empresa estatal Petrobras, incluidos varios miembros del PMDB, partido político de Michel Temer, nuevo presidente en propiedad. El propio Temer está acusado por Marcelo Odebrecht que lo indica de haber solicitado 3 millones de dólares para “financiar” al PMDB.

Una persona elegida por 54 millones de ciudadanos es apartada del Gobierno por 61 senadores. Bajo la teoría constitucional de la representación y delegación es entendible. Pero si el juicio es manipulado y el procedimiento viciado, la voluntad popular queda truncada.

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