La asamblea general de la ONU declaró, a través de la resolución 68237 de 2013, el decenio internacional de los afrodescendientes que va desde el año 2015 hasta el 2024, bajo el lema “reconocimiento justicia y desarrollo”. Nada más acertado para tratar que los estados reivindiquen los derechos negados a la gran diáspora africana, que de manera involuntaria, atrevida e inhumana fue esparcida por el mundo y fue la población base sometida a la esclavitud, la ignominia y el saqueo de sus territorios ancestrales que más contribuyó al auge económico de las naciones que son hoy potencias mundiales.
En el caso de Colombia la situación actual no es menos penosa, con 12 millones de habitantes, somos la tercera nación de América con mayor población afro después de Brasil y Estados Unidos, ubicados en las regiones rurales y urbanas con las peores condiciones de desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental, donde la pobreza, la marginalidad y la exclusión son una constante.
Sin embargo, vemos como un avance positivo que en el Gobierno Nacional hoy se cuente con la presencia de ministro y viceministras afrocolombianos que no por afros, sino por su capacidad, hacen parte del gabinete. En Cali, primera ciudad con población afro del país, también han llegado a importantes cargos representantes de nuestra comunidad.
Pero aún falta mucho por recorrer y luchas por librar para que la resolución de la ONU se convierta en realidad. Los afrocolombianos debemos seguir en el camino de empoderamiento, impulsando políticas públicas con acciones afirmativas de enfoque diferencial para cerrar la brecha histórica de 500 años.
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