La familia como institución en Colombia atraviesa desde tiempo atrás una grave crisis, que viene generando un sinnúmero de problemas sociales que pasan factura de cobro al Estado y a la sociedad en general.
Feminicidios en ascenso, maltrato infantil, aumento en las cifras de suicidios, consumo de alcohol y sustancias alucinógenas a temprana edad, irrespeto a la autoridad, son apenas algunas de las consecuencias de la pérdida del rol que debe cumplir la familia como ese núcleo fundamental de la sociedad que está llamada a ser, según lo define la propia Constitución Política. Cifras reveladas por el Instituto Nacional de Medicina Legal dan cuenta que durante el 2015 se presentaron 26.985 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, de los cuales 10.435 fueron hechos violentos contra menores de edad.
El mismo año esa institución realizó 22.155 exámenes médico legales relacionados con actos sexuales. Son muchos los fenómenos sociales que podríamos vincular con familias disfuncionales, es difícil establecer una estadística que haga revelaciones exactas al respecto, pero lo que no se puede negar es el momento crítico que vive la familia.
En esa situación también debe asumir su responsabilidad el Estado y el sistema de educación del país, por la falta de políticas claras para dar bienestar a los ciudadanos y sobre todo, un ambiente sano para los menores de edad. El Estado debe propiciar ambientes favorables para la consolidación de la familia.
Tener presente que la familia importa, como atmósfera para la preparación de individuos responsables y conscientes de su rol en la sociedad, como instrumentos que modifiquen comportamientos dañosos para la coexistencia, como catalizadores de la convivencia ciudadana, tan conveniente por estos días.
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