Crece la epidemia

Son muchas las medidas anticorrupción que se han tratado de implementar en los últimos años, entre ellas la sanción del Estatuto Anticorrupción en 2011, estableciendo castigos drásticos contra los corruptos.

Hace diez días en la Casa de Nariño se firmó la “Declaración por un Estado Abierto”, en la que diversos sectores asumieron el compromiso de emprender una lucha abierta contra la corrupción. Pero, ¿tiene el Estado las armas necesarias para evitar que se desangren los recursos públicos? ¿Por qué y cómo se reducirá esta vez la corrupción y antes no se pudo?

Los resultados luego del estatuto suscrito hace cinco años no han sido los esperados, por el contrario, cada año se registra un incremento de pérdida de dineros públicos. La Sociedad Colombiana de Economistas reportó que entre 1991 y el 2011 la corrupción generó detrimentos por 189 billones de pesos. La Procuraduría informó que en el 2015 las entidades públicas perdieron 20 billones de pesos.

Estas cifras demuestran que la epidemia en lugar de erradicarse se convirtió en pandemia. Así lo demuestran decenas de casos investigados por las autoridades, como el de Conalvías, con la imputación de cargos a su expresidente Andrés Jaramillo López; o el escándalo de Odebrecht, que tiene tras las rejas al exviceministro Gabriel García Morales y al exsenador Otto Bula, por irregularidades en los contratos para la de construcción de la Ruta del Sol.

Está demostrado que medidas en contra de la corrupción no dieron los resultados deseados. Se necesita voluntad de la administración pública para combatir el mal a todo nivel, no solo en mandos medios, y definitivamente, una cultura de transparencia que inicia por la familia, los ciudadanos de bien deben educarse desde el hogar.

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