Con el transcurso del tiempo van creciendo las dudas entre los colombianos sobre las verdaderas intenciones de los negociadores de la Farc en La Habana, los comunicados que cada cierto tiempo dan a la opinión pública, logran que esta se torne en enemiga de dichos diálogos y con toda la razón.
No es sino escucharlos afirmando que no tienen secuestrados en su poder, mientras los familiares de las víctimas están clamando por su liberación, que ninguno de ellos ha incurrido en delitos de lesa humanidad, cuando todas las autoridades tienen pruebas de todo lo contrario, que tampoco han traficado y que en fin de cuentas son unos angelitos a los cuales el pueblo colombiano les salió a deber.
Es claro que ninguno de esos bandidos quiere pagar un solo día de cárcel, pero también es cierto que los colombianos no van a admitir un proceso de paz sin verdad, reparación y justicia, lo que implica que dichos bandidos deben ir a una cárcel aunque sea por pocos años, de acuerdo a los parámetros de justicia transicional, la cual no es sinónimo de impunidad.
Ante tan dramática realidad, lo mejor que puede hacer el gobierno es colocarse en sintonía con sus gobernados levantándose de la mesa de conversaciones e intensificando el combate contra estos bandidos que una vez más juegan con las esperanzas del pueblo colombiano.
DE OTRA PARTE. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que autoridades nacionales y territoriales cumplan con su deber y metan en cintura a todos esos delincuentes, asesinos y desadaptados que matan por la camiseta del equipo de fútbol que se lleva y no es de su agrado? Si es necesario cancelar el torneo de fútbol no duden en hacerlo, es primero la vida que un partido.
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