En un control político que no se ha realizado en los últimos 30 años, el Concejo de Cali, en la mayoría de 15 concejales, decidió criticar y oponerse a una decisión administrativa del Alcalde, por un contrato en Emcali. Esto sería noticia si los cabildantes tuvieran ese proceder democrático de manera permanente con todos los problemas de ciudad.

Pero se da por del alumbrado público, que ahora el Alcalde, en uso de sus facultades legales, toma decisiones.

Mientras tanto hay grandes temas de ciudad sin control constitucional “real”: Inseguridad, movilidad, quiebra técnica de Emcali, no resolver su situación económica y financiera, debe vender activos y feriar recursos humanos; el MIO sin cierre financiero en operaciones de los buses y para la terminación de la infraestructura, la inviabilidad por más de   $6 billones, de los cuales $4.4 billones se plantean como subsidios; Megaobras con un faltante financiero superior a $2 billones (en obras e intereses a pagar, según la ley e indemnización), Jarillon, Ciudad Paraíso, etc.

Un bálsamo las intervenciones de los concejales Roberto Rodríguez y Patricia Molina, quienes en rueda de prensa, aceptaron nuestras denuncias públicas, cuando otros cabildantes demuestran in péctore interés en los negocios, para ubicar contratistas en la añorada licitación.

Momento oportuno, ante crisis institucional para que el Concejo y Alcalde convoquen a la unión de los caleños: ciudadanos, políticos, empresarios, gremios, etc., a trabajar sobre los grandes inconvenientes de ciudad.

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