Como si fueran pocos los problemas que afronta el Pacífico colombiano, las contiendas territoriales entre el ELN y los grupos de delincuencia organizada tiene sitiadas a varias poblaciones del noroccidente del país, en especial comunidades indígenas.

Se anunció un cese del conflicto armado en varias zonas del país con la desmovilización de las Farc, pero esa tregua no se sintió en el Chocó, porque el narcotráfico no ha renunciado a las rutas de exportación de drogas por el Pacífico.

Un informe reciente de la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas señala que más de 700 familias indígenas chocoanas están sometidas por grupos ilegales, generando alto riesgo de desplazamiento para unos cuatro mil integrantes de esas etnias, situación que se sumaría a las 20.000 personas que tuvieron que dejar sus sitios de origen en lo corrido del presente año.

El Estado debe recuperar el territorio, hacer frente a toda manifestación de violencia que atente contra la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

El proceso de paz con las Farc no ha dado los resultados prometidos y la principal causa es el narcotráfico que incrementó sus alcances.

Las regiones que contienen grandes extensiones de cultivos ilícitos y aquellas que facilitan la salida de la droga, antes de ser abandonada por los traficantes, son el centro de la confrontación.

No se puede permitir el doble lenguaje de grupos al margen de la ley como el ELN, que habla de paz al tiempo que incrementa su accionar de guerra para hacerse al control de las drogas, violando los derechos de quienes están en medio de la confrontación.

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