Llevamos más de 2 meses en la fase de aislamiento selectivo, en el que la regla ha sido una “apertura general” con algunas restricciones relacionadas con las aglomeraciones, y otras que han dependido de cada región. Lo cierto es que gradualmente se ha ido recuperando la actividad económica, y hoy alrededor del 90% de las empresas están operando.

No obstante, la realidad es que muchas empresas están operando en condiciones que no les permite ser sostenibles por distintas razones y no han contado con recursos para reacomodarse a la nueva realidad del mercado, lo cual las ponen en desventaja y en riesgo latente de tener que cerrar sus negocios. Esto significaría perder el trabajo que se viene adelantando para la recuperación económica, que aunque va a paso lento ha servido para recuperar parte del empleo perdido, que es la preocupación de todos en este momento, pensando en que la mayoría de las familias obtienen sus ingresos de su trabajo.

Ya he tocado en este espacio varios temas que consideré claves para una verdadera reactivación económica, pero quiero hablar de uno que cada vez se hace más evidente; la recuperación de la demanda. Esta nos afectó por el lado externo como lo muestra la caída de las exportaciones, pero también por el lado interno en cuanto al consumo de los hogares, sobre todo en servicios y bienes durables, los que se han visto beneficiados son los sectores relacionados con alimentos y bienes relacionados con bioseguridad.

El consumo de los hogares siempre se afecta en momentos de crisis, y por eso aunque es de esperarse que a medida que se recupere el empleo retorne el poder adquisitivo de la población, en medio de la incertidumbre las personas piensan muy bien cómo distribuir su gasto. En este sentido, la mejora en la confianza del consumidor que mide Fedesarrollo es buen síntoma de recuperación.

En la variable del consumo de los hogares es muy difícil incidir estratégicamente, se podrán impulsar temas como el adelanto de la prima u otros mecanismos que aumenten el ingreso disponible de las personas. Pero al final las personas de forma individual, deciden cómo asignan su ingreso y a que sectores van a beneficiar, lo más seguro es que en los estratos más bajos este gasto se destine a la alimentación. Por lo tanto, como política para ayudar a los sectores más golpeados no es eficiente.

Por lo cual queda la duda de qué mecanismos podemos impulsar la demanda de los hogares. Lo cual se vuelve más preocupante si tenemos en cuenta que esto tiene implicaciones también en la demanda intermedia que se hace entre los sectores económicos, puesto que si un sector no está bien no va a demandar la misma cantidad de insumos que antes consumía. Es decir; si un hotel no tiene clientes, no va demandar alimentos y bebidas; si una industria textil no vende ropa, no va a demandar telas e insumos para confección, y así sucesivamente, si todos los sectores no están bien, no vamos a tener una recuperación equilibrada, necesaria para que sea sostenible.

La buena noticia en lo que se refiere a consumo intermedio, es que hay un actor que no ha visto restringida mucho su demanda y que tiene la capacidad de impulsar muchos sectores de la economía, y este es el estado, que tiene que seguir trabajando en pro de la población. Según datos de Colombia Compra Eficiente -Agencia Nacional de Contratación Pública-, en Colombia la compra pública representa aproximadamente el 17% del PIB, lo que puede ser un poco más de $150 billones al año.

Sin perder los objetivos de eficiencia que debe tener el estado para adquirir bienes y servicios, con la calidad, el precio, las condiciones y tiempos requeridos. Esta demanda puede jugar un rol fundamental en la reactivación económica de las regiones, y ser un detonador de innovación, sofisticación, transferencia tecnológica y fortalecimiento de encadenamientos productivos.

El primer paso para aprovechar esta demanda y hacer uso de la capacidad de compra de las entidades públicas es crear más facilidades para incentivar la participación del sector privado, con visión de competitividad. Para esto es necesario avanzar más rápido hacia procesos de contratación que generen libre competencia, información igual y suficiente para todos, y procesos transparentes y objetivos.

Casos como el de los pliegos tipos han mostrado aumento significativo de la cantidad de oferentes, demostrando que cuando hay reglas claras y transparencia se incentiva que los actores privados quieran participar con tranquilidad, en procesos de convocatorias públicas.

En esta misma línea se debe ajustar el sistema de compras a nivel nacional y en las regiones, con mejoras a los instrumentos actuales de fomentos a la industria nacional, que realmente permitan que las empresas locales aprovechen esta demanda, siempre y cuando no se genere un espacio para evitar los procesos de selección plurales ni el direccionamiento de la contratación, el incentivo a la industria nacional es congruente con objetivos de eficiencia del sistema de contratación pública.

Para esto se precisan modificaciones normativas para resolver los problemas que tienen los instrumentos actuales, teniendo en cuenta los diferentes actores sin afectar la eficiencia de la contratación pública, o que el costo no suba por estas modificaciones y ante todo, siendo compatibles con las reglas de libre mercado y los tratados de libre comercio que se han firmado.

Muchos países en sus sistemas de contratación tienen mecanismos para que el gasto público en bienes y servicios fluya en la economía y sirva como detonador de crecimiento económico bajo principios orientados al crecimiento verde y a la innovación abierta.

Con estas salvedades, se podrá analizar cómo incluir criterios para incentivar sobre todo la inclusión de Mipymes, ya sea directamente o como proveedores de contratistas y grandes proyectos (encadenamientos productivos), analizar la posibilidad de generar desagregación en microproyectos alineados con la capacidad productiva de las MiPymes (requisitos de capacidad financiera-organizacional) y fomentar que empresas ofrezcan productos locales innovadores o con tecnologías disruptivas que ofrezcan diferentes soluciones frente a un mismo problema (innovación abierta) y/o que aprovechen residuos de otras industrias (economía circular).

Por último, es importante una Institucionalidad fuerte, que permita hacerle seguimiento a los instrumentos para medir el impacto y cumplimiento de las políticas. Y también para generar información confiable para monitorear cómo está evolucionando la participación local o de las Mipymes en las compras públicas. Actualmente es difícil medir esto, para que se puedan tomar medidas correctivas y sobre todo identificar las brechas de información y productividad que no permitan que las empresas puedan competir, si ese fuera el caso.

En el marco de la reactivación económica debemos incorporar en la política pública el fomento del encadenamiento a través de la compra estatal. Entendiendo que con esto se genera empleo, impuestos, conocimiento, y crecimiento en general, y no va en contra del desarrollo exportador, puesto que al contrario, la competencia estimula la mejora de las capacidades productivas de las empresas para que se incorporen en cadenas globales de valor y aprovechen también las compras públicas de los países con los que tenemos acuerdos.

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