Sin lograr la paz el Estado de Derecho no funciona, constitucionalmente queda como un enunciado, una norma rectora o una aspiración, pero sin efecto real.
48 años de enfrentamiento con las guerrillas, sin menospreciar las desmovilizaciones más todos los esfuerzos de procesos abortados, estos años han desangrado al país en vidas y recursos económicos.
Las partes, Gobierno y guerrilla, están fatigadas, ese es el factor favorable que permite abrir el proceso de paz. Los daños causados mutuamente también los impulsan a frenar la continuidad.
Negociar en medio de las confrontaciones no es conveniente. Las demostraciones de poderío militar y de causar daño ya están hechas por las partes, esto los hace sentar en la mesa, se buscan y se necesitan.
Seguir dando bala y bombardeando sería profundizar las grietas del resentimiento. El cese al fuego es la vía intermedia para avanzar en el diálogo.
Es ingenuo pensar que una de las partes se desarme o quede inactiva sin cese pactado de confrontaciones bilaterales, o que se entreguen sin acuerdos de reformas y reinserción. Lograr la paz cuesta, pero cuesta menos que los daños de la guerra.
El cese al fuego se debería fijar con fecha de inicio lo más pronto posible después de arrancar formalmente los diálogos, para en adelante evitar resquemores. También sirve para detectar a los saboteadores del proceso.
Si el cese al fuego se respeta se puede producir un acuartelamiento preventivo y transitorio de las partes. Ese sería además el respiro de paz para todo el país, mientras maduran los diálogos.
La desmovilización de grupos políticos armados se concibe abriéndoles espacios de participación. La mezquindad al cerrar esos espacios impide los arreglos y arrecia la guerra.
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