A través de una llamada telefónica, supuestamente de un sobrino que había sido retenido por tres hombres en un parque, intentaron hacerme una extorsión, solicitando una suma de dinero para dejarlo libre y preservar su integridad.

Por fortuna, ya había sido advertido sobre las modalidades de delitos, que no son nuevas, utilizadas por internos desde un centro de reclusión que siguen transgrediendo el Código Penal.

La estrategia va más allá de una llamada. En muchas ocasiones hacen interceptación de las comunicaciones para obtener los datos que les permita un grado de credibilidad en el montaje.

En los últimos años los privados de la libertad realizaron cerca de mil quinientos delitos, entre los que se cuentan hurtos, extorsiones, órdenes de homicidios, coordinación de envío de cargamentos de droga, todos ellos perpetrados gracias al uso de celulares que de manera fraudulenta son ingresados a los penales.

La Policía está actuando frente a estas denuncias, pero el hecho de que las llamadas se hagan desde una celda, donde no existe un titular de una línea móvil para rastrear en la investigación, dificulta la individualización de los delincuentes.

La solución no es tan simple como tomar precauciones a la hora de contestar esas llamadas, es necesario dar trámite a un proyecto que permita hacer un bloqueo de la señal de celulares en las penitenciarías, que ya había sido propuesto en anteriores legislaciones, pero además fortalecer con tecnología los sistemas de seguridad para detectar el ingreso de dispositivos móviles a las cárceles. Estamos frente una problemática compleja que no es fácil de afrontar.

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