El fallo de la Procuraduría que en febrero de 2012 inhabilitó por doce años al ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, se cayó en el Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Gustavo Gómez, quien consideró una desproporción la sanción y que lo que se debió aplicar era una amonestación.
¡Qué tal! pasar de una falta gravísima, a todas luces injusta, a una realmente aceptable; para la época de los hechos, Salazar era el alcalde de Medellín y no estaba bien que públicamente hubiera expresado que bandas ilegales estaban presionando al pueblo para que votaran por el candidato a la Alcaldía, Luis Pérez Gutiérrez; se podría entender que estaba favoreciendo un candidato; si la presión existía, estaba en la obligación de denunciarlo, pero como el procurador Ordóñez tenía su espinita con Salazar, en razón de que éste creó la clínica para la mujer, aprovechó el momento y lo sancionó.
Petro, Piedad Córdoba, y otras personas que injustamente se encuentran en una situación parecida, estarán esperando que su suerte cambie y que el Consejo de Estado les resuelva su caso. Si ello se da, seguramente en el 2018 encontraremos a Petro y a Piedad como candidatos presidenciales y será una contienda muy interesante con Simón Gaviria, Juan Manuel Galán, Germán Vargas y otros.
Los Órganos de Control son necesarios para lograr los pesos y contrapesos, pero cuando estas se desbordan se ingresa peligrosamente al campo de la persecución.
La actuación valiosa y oportuna del Consejo de Estado nos permite ver algo de luz en la aplicabilidad de nuestra justicia para que podamos primero acudir a ella antes que a la internacional, que es subsidiaria y sólo actúa cuando la nuestra no lo hace.
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