La explosión ocurrida el martes pasado en una comercializadora de petroquímicos y combustibles, ubicada en el barrio Fepicol, que cobró 6 vidas humanas, dejó 13 personas graves, afectó 17 viviendas, destruyó 5 locales, chatarrizó 2 vehículos y calcinó 7 motos, es una alerta para que la Administración municipal ejerza su autoridad y evite posibles tragedias en otras zonas de la ciudad donde todavía funcionan industrias de riesgo.
Gracias a Dios la catástrofe ocurrió a las 5:00 p.m., porque a solo 100 metros del epicentro funcionan los hogares infantiles “Personitas” y “Cariños”, que terminan sus jornadas educativas a las 4:00 p.m. y los padres reciben a más de 500 niños de la primera infancia.
Ni nos imaginemos qué hubiera pasado con el camión cisterna cargado de acpm que no estalló. Más que normas de ordenamiento territorial, Cali requiere que las autoridades intervengan las factorías que funcionan en sectores urbanos poblados.
Recordemos las importantes fábricas instaladas a principios del siglo XX en las afueras de la ciudad y que, al expandirse las urbanizaciones, decidieron trasladar sus riesgosas maquinarias y calderas hacia la zona industrial de Yumbo: la industria cervecera, las embotelladoras de gaseosas, las procesadoras de alimentos, los laboratorios químicos y las mezcladoras de cementos y concreto.
Cuando creció la ciudad y se vieron funcionando entre los nuevos barrios, decidieron irse para desafectar a sus pobladores de la contaminación, del ruido y del peligro a las tragedias.
El caso de la tragedia de Fepicol obliga a que la Administración municipal diagnostique todos los sectores poblados que conviven con bodegas e industrias de riesgo. Que Cali no sea más una bomba de tiempo.
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