Cuando se gobierna un país a punta de soberbia, comprando conciencias, tratando a los buenos de enemigos y a los malos como amigos, pues ese gobierno tiene que padecer consecuencias difíciles. Por eso el país no le copia al Presidente. La institucionalidad está en entredicho.
Lo que sucedió hace poco con su ministro Tomás González, quién siempre sostuvo que no habría apagón y debió renunciar por mentiroso, aparte de tener contratos con el Estado a través de su esposa.
La Canciller también, por ética, debe renunciar, pues siempre sostuvo que la Corte de la Haya respetaría a Colombia. Pues nos golearon en esa Corte. Y ahora pretenden quitarnos no solo San Andrés y Providencia sino gran parte de la costa de Santa Marta y Cartagena, incluida las Islas del Rosario.
Recuerdo que decidieron sacar como abogados del caso a Daniel Jaramillo y Rafael Nieto Navia, viejos zorros del derecho internacional y en su reemplazo nombraron a Carlos Gustavo Arrieta, especializado en derecho penal, exprocurador general, amigo del Gobierno. Tremenda equivocación. De antemano ya se sabía lo que nos iba a ocurrir, pero eso no les importó en el Palacio de Nariño.
Ahora “Timochenko” y “Romaña” han dicho que no aceptan las reservas de concentración para las Farc porque las consideran “cárceles en medio de la selva” y el Presidente, nuevamente, echa mano de su hermano Enrique para que le salve la papeleta.
Entonces uno se pregunta si estos diálogos en Cuba son de interés general o de familia. A De la Calle ya se le nota mamado. Y el país, sobresaltado y anonadado.
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