Durante los próximos días continuaremos en el Senado el debate sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, que enfrenta dos grandes retos: Convertirse en pieza clave para combatir a las estructuras del narcotráfico, afectándoles el bolsillo a los narcotraficantes, o correr la misma suerte de la extradición.
La extinción de dominio puede correr la misma suerte de la extradición.
En los años 80 surgió la organización criminal \”los extraditables\”, cuyo lema era \”preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”.
Hoy, al parecer, la extradición dejó de representar una amenaza para los narcotraficantes y empezó a convertirse en una opción atractiva, para negociar su condena, la preservación de sus bienes, y su participación en programas de protección de testigos, a cambio de la entrega de información sobre rutas del tráfico de estupefacientes.
¿Será que la extinción de dominio está representando una amenaza para los criminales o, por el contrario, se estará convirtiendo en un negocio o una carga para el Estado que no afecta significativamente las finanzas de las organizaciones criminales, ni utiliza sus bienes para fortalecer los esfuerzos de persecución de sus cabecillas?
Es fundamental garantizar que la extinción de dominio siga siendo un castigo efectivo y que los recursos obtenidos a través de ella le permitan a la justicia afrontar los desafíos de su labor.
Lo que se espera de este nuevo proyecto de ley es que fortalezca a la rama encargada de la investigación y juzgamiento de delitos como el narcotráfico.
Esperemos que la extinción de dominio sea, efectivamente, una manera de atacar a los narcos en donde más les duele: el bolsillo.
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