Amnistía general indiscriminada

El agrietamiento de las relaciones entre el procurador Ordóñez y del presidente Santos tiene entre otros ribetes una profunda diferencia en la visión de lo que debe ser la justicia transicional para concluir el proceso de paz, lo mismo sucede entre otros funcionarios y en el seno de la sociedad colombiana. Buscar la transición hacia una sociedad equitativa, justa y convivible no significa llenar meros formalismos dentro de un proceso de paz para lograr la desmovilización de tropas insurgentes.

Lograr la transición a otro tipo de sociedad implica brindar las condiciones para que esa sociedad del posconflicto se dé sin la repetición de vicios y lacras que llevarían al rearme o reaparición de actores transformados porque no encontraron las condiciones de habitabilidad ni entornos saludables.

La justicia transicional no puede ser tan laxa y dúctil que llegue a cobijar a todos. Esto desperfilaría el carácter político de la negociación y le restaría status a los insurrectos que hubieran podido convertirse en beligerantes. No alcanzaron ese rango  porque incumplieron el DIH, pero siguieron siendo rebeldes y por ende actores políticos.

Pretender firmar un acuerdo de paz y acoplarse a una justicia transicional, esa es la meta. Pero está aún sin diseñarse y el expresidente Gaviria la está ofreciendo a todos los actores. De esta forma se diluiría a los actores políticos en el conjunto de los actores comunes y organizaciones criminales, aumentando la confusión para quienes aún no conciben la conexidad  de delitos comunes con el delito político.

Una propuesta de punto final con amnistía general indiscriminada como la de César Gaviria puede atraer a todos para firmar acuerdos apresurados, pero desnaturaliza  la negociación política e imposibilta la no repetición.

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