Hay que reconocerlo: el presidente Abelardo de la Espriella sabe cómo capturar la atención pública. Sus confrontaciones frente a las cámaras, sus señalamientos directos y su ya conocida expresión “Bienvenidos a la patria milagro” se han convertido en parte de una particular forma de ejercer y comunicar el poder.

Para muchos ciudadanos, cansados de la corrupción, la delincuencia y la impunidad, estas escenas representan la autoridad que durante años han reclamado. Y es comprensible.

Colombia necesita un Estado que actúe con decisión, que enfrente las estructuras criminales y que no termine sometido a los intereses de quienes han convertido lo público en un negocio particular.

Pero una cosa es ejercer autoridad y otra, muy distinta, convertirla en espectáculo.

Primero fue el enfrentamiento con Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, con quien protagonizó un duro intercambio público en medio de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades y asuntos judiciales relacionados con su trayectoria política.

Más recientemente, durante su visita a San Andrés, el presidente confrontó frente a las cámaras a la gobernadora Girley Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz.

Las señaló por su presunta oposición a la intervención del hospital departamental y cuestionó el manejo de la contratación pública, llegando incluso a afirmar que el esposo de la congresista tendría influencia sobre las decisiones contractuales del archipiélago.

Las funcionarias rechazaron los señalamientos. Y precisamente allí aparece un asunto fundamental: en un Estado de derecho, las acusaciones deben convertirse en denuncias sustentadas, investigaciones y decisiones de las autoridades competentes.

El presidente puede advertir, denunciar y exigir resultados, pero no sustituir a los organismos de investigación ni anticipar condenas desde un micrófono.

Lo mismo ocurre con las imágenes en las que encara personalmente a presuntos delincuentes.

Pueden transmitir determinación y producir aplausos, pero la justicia no se administra mediante frases contundentes ni videos virales.

Hay otro detalle que merece atención.

Hasta ahora, estas confrontaciones con mandatarios territoriales han tenido como protagonistas a autoridades de territorios con menor peso electoral, político y presupuestal en el escenario nacional.

No significa que allí no existan problemas graves ni que deban quedar al margen del escrutinio. Todo lo contrario.

Pero cabe preguntarse: ¿veremos esa misma vehemencia frente a los alcaldes de las principales ciudades y los gobernadores de los departamentos con mayor influencia política y económica?

¿Acaso en las grandes capitales no existen cuestionamientos sobre contratación, estructuras clientelistas o casas políticas que llevan décadas administrando el poder?

Sería interesante comprobar que esta particular forma de confrontación presidencial no distingue entre pequeños y grandes poderes territoriales.

También resulta llamativa la centralidad que el presidente ha adquirido en la comunicación gubernamental.

Algunos hablan incluso de supuestas instrucciones para reducir la exposición mediática de sus ministros, algo que requeriría confirmación.

Lo cierto es que buena parte de la conversación pública gira alrededor de sus intervenciones personales.

Y eso plantea otra pregunta: ¿estamos fortaleciendo las instituciones o concentrando toda la atención en la figura presidencial?

Porque gobernar no puede consistir en protagonizar permanentemente la noticia.

Un gobierno necesita ministros visibles, equipos responsables, instituciones que funcionen y políticas públicas cuyos resultados puedan medirse más allá de las reproducciones de un video.

Colombia enfrenta desafíos demasiado grandes para reducir la acción gubernamental a confrontaciones mediáticas.

Los ataques contra la Fuerza Pública, las economías ilegales y la presencia de organizaciones criminales exigen recuperar capacidades operativas, logísticas y, especialmente, de inteligencia.

Se necesita tecnología, coordinación institucional y una estrategia sostenida contra el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

Esa es la verdadera prueba de autoridad.

Celebro que se quiera enfrentar con decisión la corrupción y la criminalidad.

Pero espero que la contundencia de las palabras encuentre correspondencia en la eficacia de las instituciones y que la severidad mostrada frente a unos pocos se aplique con el mismo rigor frente a todos.

Porque gobernar también exige atender aquellas realidades que no siempre ocupan los titulares.

En medio de las emergencias, cuando miles de familias esperan recuperar algo de la normalidad perdida, la verdadera capacidad del Estado se pone a prueba en los detalles: en la coordinación institucional, en la oportunidad de las respuestas y en la posibilidad de que las soluciones lleguen cuando más se necesitan.

Al final, un presidente no se mide por la cantidad de personas que confronta ante las cámaras, sino por los problemas que logra resolver cuando estas se apagan.

Y como decían nuestras abuelas: amanecerá y veremos.

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