Agua y medio ambiente no son negociables

El municipio de Piedras (Tolima) habló y dijo que no quería minería en su territorio. A través de una consulta popular, casi el 52% de la población del municipio dijo \”No\” al megaproyecto de extracción de oro de la empresa Anglo Gold Ashanti.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de tener una política pública minera en Colombia. Si partimos del supuesto que el Estado, en todas sus decisiones, busca el bienestar de sus habitantes, lo primero que se debe discutir es qué quiere el Estado de la minería.

¿Quiere aumentar sus rentas para reinvertirlas en los colombianos? ¿O enfocarse en aumentar la competitividad de los sectores que dependen de la minería? Si al Estado le interesa la primera opción, debemos pensar, entonces, hacia dónde dirigimos esos nuevos recursos, cuál es la mejor tasa para calcular las regalías, cuál debe ser su destinación y cómo va a ser la participación de los entes territoriales en la administración de regalías e impuestos.

Si lo que se busca es la promoción de industrias que dependen de la minería como la de construcción de campamentos mineros, la de administración alimentaria y de servicios de salud, la de construcción de infraestructura minera, entre otras, será fundamental fijar una política social de fomento empresarial.

La política debe ser nacional y pública. Sin embargo, es necesario abrir puentes de comunicación con lo local para su diseño, que no debe reducirse a si hay o no minería, sino también, hacia dónde van los beneficios y quién asume los costos de la explotación.

La relación costo-beneficio en la minería se debe sopesar para las futuras generaciones no solo para las actuales. Sin duda el agua y el medio ambiente no son negociables para esas próximas generaciones.

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