Me impresionó la afirmación de la ministra de Justicia y el Derecho, en reciente entrevista al periódico -Ámbito Jurídico- donde manifestó que: \”Acceso real a la justicia no pasa de ser una quimera\”.
El acceso real a la Justicia no puede ser una quimera, ni mucho menos un mero enunciado del artículo 229 de la Carta Política; es un derecho fundamental que se encuentra positivizado en la Carta Magna y es una obligación de primer orden para el ministro de Justicia y los operadores jurídicos tornarlo en una realidad.
No es afirmando como lo hace un columnista del mismo periódico que el año pasado los jueces produjeron más del ciento diez y nueve por ciento, o sea, evacuaron 19% más de los negocios que ingresaron a sus Despachos en el respectivo año; es un hecho cierto e indiscutible que el acceso a la Justicia en Colombia llega al ciudadano de una forma exageradamente retardada y no es sino mirar cuánto se demora un proceso administrativo en las dos instancias de Tribunal y Consejo de Estado, en el mejor de los casos son trece años entre el día en que se presenta la demanda y el día que sale sentencia del Consejo de Estado, esto no solo es morosidad sino un incumplimiento aberrante al primer deber de un magistrado que es administrar una pronta justicia y la ministra bien conoce porqué se falla tan tardíamente en tan alta Corporación donde ella acaba de salir.
Pero si por los \”Juzgados llueve, en los órganos de control no escampa\”, en la Contraloría General de la República, si la misma de la General, la que sufre delirios de persecución y que nadie puede osar contradecir, allí un recurso de apelación tarda un año en concederse y no sé cuánto demorará la segunda instancia en estudiar el mismo.
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