Causó revuelo la decisión de la Corte Constitucional de esta semana, relacionada con el aborto o lo que la misma autoridad judicial ha denominado desde la sentencia C-355 de 2006 como interrupción voluntaria de embarazo (IVE). En esta ocasión, hay un elemento novedoso y sui generis, pues se trata de la solicitud de esa práctica por una indígena a la que su comunidad le negó ese derecho.

Luego de las respectivas decisiones judiciales de Popayán, llegó el estudio del expediente a la Corte Constitucional, autoridad que, respetando la autonomía de las comunidades indígenas, determinó que debían adecuar sus normas internas para posibilitar la IVE y señalando que este procedimiento no es derecho fundamental, lo que generó ácidas diatribas por la contradicción con anteriores sentencias.

Pero el debate no es solo ese. Sino la omisión del Congreso de la República para aprobar una ley que regule el ejercicio del aborto y/o la IVE, con el agravante que, desde el mismo año 2006 (hace 17 años, cumplidos el 10 de mayo) la Corte Constitucional le ha pedido en repetidas sentencias que lo haga, desconociendo el legislativo, esas órdenes.

Es un tema sensible en la sociedad colombiana. Prioritario por las consecuencias en la salud pública, en las políticas de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en su dignidad humana, que se desconoce al no aprobar una ley que regule el aborto o la IVE omitiendo órdenes judiciales.

Ñapa animada: Ya Rodrigo González Caicedo “El Dandy” está en casa, mejorando, al lado de su “bien casada”. Pronto lo veremos renovado, dando sus capotazos a la vida, mostrando cabal salud, en el ruedo de la existencia humana.

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