¿2016, año de la paz?

Desde que en 1998 se aprobó el Estatuto de Roma y desde que en el 2002 entró en vigencia la Corte Penal Internacional, la CPI, se cristalizaron los esfuerzos iniciados en 1948 cuando, al terminar la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras decidieron juzgar y condenar a los criminales de guerra nazi.

Fue precisamente, en la agonía del siglo XX, cuando 3 acontecimientos: la disolución de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda y la caída del Muro de Berlín, obligaron a la ONU a decidir una fecha para la puesta en marcha de un aparato de justicia universal que condenara a los operadores y autores materiales de 4 delitos: lesa humanidad, genocidio, delito de guerra y el de agresión.

Así las cosas y proclamados los protocolos I y II de los Convenios de Ginebra, la Humanidad adquirió dientes para defender a la Sociedad Civil y  a los no combatientes. Este marco es el que determina la obligatoriedad del Estado Colombiano de responderle a la CPI por una negociación donde la impunidad no deslegitime el fin del conflicto armado.

La justicia complementaria, como columna vertebral de la CPI, es una espada de Damocles, que pende sobre la cabeza de los autores de estos 4 delitos.

El narcotráfico, expresión de una economía, que aporta una cuarta parte del capital financiero internacional, es  a todas luces, la base para que se dé curso a los crímenes ya mencionados.

Nuestro país tiene en la economía del narcotráfico el punto de explicación para el fracaso o no, de las negociaciones de la Habana. Todos los temas ya negociados,  son meros artificios académicos.

La negociación debe obligar a la FARC a desmontar la economía del narcotráfico. Por su parte el  Estado debe recomponerse, dando lugar a un modelo que genere escenarios de legitimidad para quienes van a dejar las armas. Cómo hasta hora las partes no han dado muestra de lo uno, ni de lo otro, soy escéptico con el 2016…

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