La publicación del decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.954 marcó el inicio de un nuevo periodo de excepción en Venezuela.

El documento, fechado el 3 de enero de 2026 y difundido oficialmente el día 5, fue firmado por Nicolás Maduro, pese a su detención horas antes en una operación militar estadounidense.

La medida suspende temporalmente derechos constitucionales y amplía los poderes del Ejecutivo, con especial énfasis en la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fanb, y el control de sectores estratégicos.

El texto declara formalmente la existencia de un “conflicto armado externo” a raíz del ataque militar liderado por Estados Unidos, el cual incluyó bombardeos en zonas como Caracas, Aragua y La Guaira.

Durante esta operación fue capturado Maduro junto a la primera dama Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde el mandatario se declaró inocente en su primera audiencia judicial por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Control militar y restricciones civiles

El decreto, refrendado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, otorga a las autoridades facultades excepcionales para garantizar el funcionamiento del Estado.

Se ordenó la activación del Comando para la Defensa Integral de la Nación y el uso de “todo el potencial existente” de la Fanb.

Además, la industria petrolera, los servicios básicos y las telecomunicaciones pasaron a control militar, y su personal quedó bajo régimen castrense temporal.

Entre las medidas más controvertidas se encuentra la contenida en el artículo 5°, que instruye a las policías nacionales, estatales y municipales a capturar de inmediato a quienes promuevan, celebren o respalden el ataque militar estadounidense.

“Toda persona que de manera pública o privada exprese apoyo a la agresión armada deberá ser puesta a órdenes del Ministerio Público para su judicialización conforme al debido proceso”, establece el documento.

También se limitaron derechos como la libertad de tránsito y de reunión, al tiempo que se habilitaron herramientas económicas y políticas para proteger los derechos fundamentales.

El decreto tiene una vigencia inicial de 90 días, prorrogables por un periodo similar, lo que podría extender su aplicación hasta por seis meses.

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