La violencia sexual en los conflictos alcanzó un nivel sin precedentes durante 2025, de acuerdo con el más reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas.

La organización verificó 9.788 casos relacionados con conflictos armados, una cifra que representa más del doble de los registrados el año anterior.

Sin embargo, la ONU advirtió que el número real sería mucho mayor debido a que una parte importante de las víctimas no denuncia los hechos ni accede a servicios de atención.

El informe también expone que estos delitos continúan utilizándose como táctica de guerra, terror, control territorial y represión política en distintos escenarios del mundo.

La representante especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, presentó el informe ante el Consejo de Seguridad durante una sesión dedicada a los derechos de las personas sobrevivientes.

Allí señaló que el objetivo de documentar estos casos no consiste únicamente en registrar cifras, sino en fortalecer las acciones de protección, justicia y atención para las víctimas.

El documento analiza 21 situaciones de conflicto y registra patrones de violación, violación colectiva, esclavitud sexual, matrimonio forzado y trata de personas.

Según la ONU, estos delitos hacen parte de estrategias empleadas para desplazar poblaciones, intimidar comunidades, castigar a opositores y consolidar el control sobre determinados territorios.

Mujeres y niñas concentran la mayoría de las víctimas

El informe indica que cerca del 90% de las víctimas verificadas corresponde a mujeres y niñas. Además, casi 3.000 menores sufrieron violencia sexual durante 2025, lo que representa un incremento del 37% frente al año anterior.

La ONU también confirmó casos contra hombres y niños, especialmente en centros de detención, donde estas agresiones se utilizan como mecanismo de castigo, humillación o para obtener confesiones e información.

Las víctimas identificadas tenían entre un año y más de 70 años. Además, el organismo alertó sobre ataques cada vez más violentos, algunos acompañados de agresiones físicas extremas o asesinatos con el propósito de impedir que las personas afectadas puedan declarar posteriormente.

La República Democrática del Congo, Haití, Sudán y la República Centroafricana registraron el mayor número de casos verificados por Naciones Unidas.

En Haití, la organización informó un aumento del 163% de la violencia sexual durante 2025. Durante la sesión del Consejo de Seguridad, representantes de organizaciones haitianas señalaron que mujeres y niñas continúan siendo blanco de grupos armados y denunciaron las dificultades para acceder a la justicia y a servicios de salud.

Asimismo, el informe advierte sobre otras tendencias, como el uso de la violencia sexual dentro de economías de guerra mediante prostitución forzada y trata de personas, las amenazas sexuales en plataformas digitales contra mujeres activistas y la amplia presencia de armas pequeñas y ligeras en estos delitos.

La ONU pide sanciones, justicia y mayor apoyo

El informe identifica a 77 actores responsables de estos crímenes, de los cuales 62 corresponden a grupos armados no estatales.

Más del 65% permanece en la lista desde hace cinco años o más sin adoptar medidas para prevenir o corregir estas conductas.

Entre las nuevas incorporaciones aparecen actores no estatales de la República Democrática del Congo y Haití, así como Israel y la Federación de Rusia.

Según explicó la representante especial, la inclusión responde a patrones documentados de violencia sexual y a restricciones para el acceso de observadores independientes de la ONU.

El organismo insistió en que la lista constituye una herramienta de protección y no un mecanismo político. Su propósito consiste en impulsar medidas que permitan detener estos delitos y promover la rendición de cuentas.

La ONU también alertó que menos del 1% de la ayuda humanitaria mundial se destina a atender la violencia sexual en los conflictos, pese a que una de cada cinco mujeres desplazadas o refugiadas atrapadas en una guerra la sufrió.

Por ello, solicitó fortalecer las sanciones contra los responsables, aumentar la financiación para los servicios dirigidos a las sobrevivientes y ampliar la presencia de especialistas en protección de mujeres dentro de las misiones de paz.

Además, reiteró que la aplicación efectiva del derecho internacional requiere recursos, voluntad política y acciones concretas para combatir la impunidad.

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