El concepto de “salario vital”, adoptado por el Gobierno para definir el salario mínimo de 2026, ha abierto un nuevo debate sobre la política salarial en Colombia y sus efectos sobre el mercado laboral.

De acuerdo con un análisis reciente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), aunque el objetivo de garantizar un ingreso suficiente para los hogares es deseable, la metodología utilizada plantea interrogantes y podría generar efectos adversos sobre la formalidad laboral y la creación de empleo.

El salario vital se define como el monto necesario para cubrir una canasta de costos basada en la metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye gastos en alimentación, vivienda, educación, salud y otras necesidades básicas.

Sin embargo, Anif advierte que el cálculo presenta limitaciones importantes. Entre ellas, la falta de diferenciación regional en la canasta de consumo y la ausencia de claridad sobre los bienes y servicios incluidos en la categoría de “otras necesidades”, que representa el 28% del total estimado.

A partir de una estimación propia, se comparó el salario vital con el salario mínimo decretado para 2026.

El resultado muestra que el salario mínimo vigente es aproximadamente un 18% superior al salario vital calculado para un hogar promedio de tres integrantes.

Este hallazgo contrasta con la narrativa que sustenta el ajuste salarial, pues sugiere que el salario mínimo no solo cubre, sino que supera el costo de la canasta básica estimada por la OIT para ese tipo de hogar.

La brecha es aún más significativa en hogares unipersonales. Según el análisis, en 2026 el salario mínimo supera el salario vital de un trabajador sin dependientes en un 87%.

Este dato implica que, para ciertos perfiles laborales, el salario mínimo vigente excede ampliamente el costo de las necesidades básicas, lo que plantea preguntas sobre la eficiencia del instrumento como herramienta de política pública.

¿Y la informalidad?

Tradicionalmente, la definición del salario mínimo en Colombia se ha basado en dos fundamentos: la inflación y la productividad laboral.

Este enfoque ha buscado preservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones excesivas sobre el empleo formal.

No obstante, Anif señala que cuando los aumentos del salario mínimo se ubican de manera persistente por encima de estos factores, la evidencia empírica muestra mayores barreras de entrada al mercado laboral y presiones sobre la informalidad, especialmente entre jóvenes y trabajadores de baja calificación.

Para 2026, el Gobierno decidió cambiar el enfoque y fundamentar el ajuste salarial en el concepto de salario vital.

La promesa asociada a esta metodología es ambiciosa: reducir la pobreza y transformar las condiciones económicas de los trabajadores formales.

En la práctica, el modelo calcula cuánto necesita una familia típica para cubrir sus necesidades básicas, considerando distintos tamaños de hogar, aunque el cálculo oficial se centró en un hogar de tres integrantes.

Los riesgos

Anif reconoce que un mayor salario puede mejorar las condiciones de vida de los trabajadores formales, pero advierte que este efecto positivo no está exento de riesgos.

En un mercado laboral como el colombiano, donde el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por micro y pequeñas empresas —que representan cerca del 98% del total—, los incrementos significativos en el costo laboral pueden afectar la capacidad de contratación.

Estas empresas, caracterizadas por baja productividad y alta intensidad en mano de obra, son especialmente sensibles a los aumentos del salario mínimo.

En este contexto, el informe plantea que la discusión de política pública debería orientarse hacia mecanismos de compensación focalizados para hogares con mayor número de dependientes y menor proporción de ocupados.

Según Anif, este tipo de medidas permitiría mejorar el bienestar de los hogares más vulnerables sin incrementar el salario de todos los trabajadores formales, lo que podría reducir el impacto negativo sobre la generación de empleo.

El análisis concluye que, aunque el concepto de salario vital responde a un objetivo legítimo —la reducción de la pobreza—, su aplicación en un mercado laboral con alta informalidad y baja productividad puede generar efectos contrarios a los buscados.

En lugar de fortalecer la inclusión laboral, un salario mínimo muy por encima de los fundamentos económicos podría convertirse en una barrera para el acceso al empleo formal.

Así, el debate sobre el salario vital no se limita a una discusión técnica, sino que plantea un dilema de política pública: cómo garantizar ingresos suficientes para los hogares sin comprometer la sostenibilidad del empleo formal.

En un país donde la informalidad sigue siendo estructural y la mayoría de las empresas son pequeñas, la definición del salario mínimo se consolida como una de las decisiones económicas más sensibles y con mayores implicaciones sociales.

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