“No es solo una reforma. Hay dos proyectos distintos en discusión. El del Gobierno tiene una ponencia negativa y otra positiva; y el segundo, el de reactivación económica, también recibió una ponencia favorable esta semana”.

Así lo explicó el abogado tributarista Juan Guillermo Ruiz, de Posse Herrera Ruiz, quien entregó un análisis crítico sobre la discusión tributaria que avanza en el Congreso.

Según explicó, la opinión pública suele referirse a “la reforma tributaria”, pero en realidad son dos los proyectos actualmente en trámite: la ley de financiamiento impulsada por el Gobierno Nacional y el proyecto de reactivación económica de origen parlamentario.

Ruiz planteó que comprender esa dualidad es clave para interpretar lo que viene en materia fiscal:

Ley de financiamiento: Una reforma con pocas posibilidades de aprobación

El experto fue enfático en afirmar que ve muy poco probable que el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno logre ser aprobado, incluso después de los ajustes introducidos en la ponencia favorable.

Aunque algunos defectos fueron corregidos, otros —que califica como “muy importantes— persisten y, a su juicio, hacen inviable la iniciativa.

Entre los elementos más controversiales mencionó:

• El aumento del impuesto a los dividendos del 20% al 30%.
• La eliminación del descuento de 19 puntos para personas naturales residentes por dividendos recibidos.
• La falta de ajustes a la alta tasa corporativa del impuesto de renta.
• El mantenimiento e incluso agravamiento de la sobretasa sectorial.

Según Ruiz, estas medidas no solo mantienen, sino que profundizan la superimposición tributaria que ya afecta a varios sectores productivos y desincentiva la inversión. Por ello considera que “no es una propuesta tributaria que le convenga al país”.

Proyecto de reactivación económica: más simple, menos lesivo y con mayor viabilidad

Sobre el segundo proyecto, el denominado proyecto de reactivación económica, Ruiz ofreció una lectura más optimista.

Sostiene que es una iniciativa más sencilla, sin los errores estructurales del proyecto gubernamental, y que se orienta a dinamizar la economía sin elevar de forma agresiva la carga tributaria.

Destacó que, a diferencia de la ley de financiamiento, esta propuesta:

• No aumenta el impuesto al patrimonio, que en el proyecto del Gobierno llega hasta el 5%.
• No incrementa las tasas corporativas ni añade nuevas sobretasas.
• Sí incluye mecanismos de recaudo temporal, como los acuerdos de terminación voluntaria de litigios con la DIAN o la UGGP.

Aborda temas de impuesto al consumo, normalización de activos y beneficios de auditoría.

Estas medidas, señala el experto, permiten generar ingresos sin deteriorar las bases de inversión y crecimiento. Por esa razón estima que

“la posibilidad de que este segundo proyecto sea aprobado es mayor”.

¿Qué pasa si ninguno de los dos proyectos se aprueba?

Ruiz también se refirió al escenario en el que ninguno de los dos proyectos sea aprobado, algo que no descarta dada la polarización del debate. Al respecto, describió dos posturas:

1. La visión del Gobierno, que sostiene que sin reforma se agravaría la crisis fiscal y el presupuesto quedaría desfinanciado en 16 billones de pesos.
2. Una visión alternativa, que plantea que lo que realmente necesita el país es ajustar el gasto, especialmente el de funcionamiento, que viene creciendo de manera acelerada.

Frente a esto, Ruiz afirmó que, aunque la no aprobación generaría presiones fiscales, podría forzar al Gobierno a realizar un ajuste del gasto que sería beneficioso desde una perspectiva estructural.

“Lo que implicaría la no aprobación es que el Gobierno tenga que ajustar el gasto proyectado, lo cual podría ser una buena decisión estructural”.

Un cierre con advertencia: la simplicidad puede ser la clave

Al sintetizar su visión, el tributarista señaló que la reforma más viable es la opción “simple”: el proyecto de reactivación económica, siempre que no se le agreguen durante el trámite legislativo las disposiciones problemáticas que siguen presentes en la ley de financiamiento.

En un Congreso dividido y con urgencias fiscales innegables, su análisis deja un mensaje claro: Colombia no necesita una reforma más grande, sino una más sensata.

Y esa, por ahora, parece estar más cerca del proyecto parlamentario que del que presentó el Gobierno.

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