Cali, octubre 7 de 2024. Actualizado: lunes, octubre 7, 2024 21:38
Cali, octubre 7 de 2024. Actualizado: lunes, octubre 7, 2024 21:38
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Financiamiento que trae estímulos para la reactivación económica y busca generar un recaudo de $12 billones.
El Proyecto de Ley de Financiamiento, presentado en virtud del artículo 347 de la Constitución Política, está orientado a financiar la inversión en 2025, permitiendo medidas que contribuyan a la reactivación económica y que interioricen los efectos de la acción climática, apuntalando las finanzas públicas de 2026 en adelante y permitiendo sufragar gastos prioritarios que contribuyan al cumplimiento de las metas sociales del Gobierno.
La iniciativa contempla la reducción de la tarifa de renta de personas jurídicas y una serie de beneficios tributarios dirigidos a sectores estratégicos, turismo y energías limpias, factor que consolidará la reactivación económica sostenible.
Esta propuesta le permitirá al país, a partir de 2025, pasar de una tarifa de renta corporativa del 35% al 27% de forma gradual, acercándose al promedio regional.
Tal medida no aplica a los sectores de carbón y petróleo.
Para el año gravable 2025, se aplicará una tarifa del 27% sobre las rentas líquidas gravables de hasta 6.285 UVT (unos $296 millones).
Esta medida beneficiará a alrededor del 91% de las empresas del país (563.705 unidades).
Aquellas que se encuentren entre 6.285 (unos $296 millones) y 120.000 UVT (unos $5.648 millones) estarán sujetas a una tarifa del 34% que irá reduciéndose gradualmente hasta 30%.
Esta medida beneficiará a 45.474 personas jurídicas.
En cuanto a las compañías con rentas líquidas gravables superiores a 120.000 UVT (unos $5.648 millones), la tarifa se reducirá hasta el 33%.
Tratándose de créditos para la mejora de bienes inmuebles el Fondo Nacional del Ahorro, podrá otorgarlos sin que se requiera la constitución de garantía hipotecaria.
Otros estímulos de la propuesta radicada ante el Congreso de la República están dirigidos al financiamiento y apoyo a las energías renovables, al desarrollo del turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes.
Así, se propone pasar los servicios hoteleros de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% a excluidos de este gravamen cuando se presten en estas regiones.
Esta medida tiene un impacto positivo en 1.089 municipios.
Teniendo en cuenta el acuerdo con el sector transportador, se incluye una extensión en la reducción del IVA para el proceso de renovación del parque automotor de transporte público y de carga.
Dicho beneficio se extiende por cinco años, es decir, hasta 2029 priorizando los vehículos no contaminantes.
“Esta vez incluye una claridad: debe ser cierto que hay acceso tecnológico; no se trata de reemplazar un vehículo de diésel por otro del mismo combustible. Se trata de generar transición energética” explicó el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
El proyecto de Ley propone la creación de un Bono de Transición Energética, dirigido a todas las empresas que realicen inversiones que califiquen dentro de los criterios de la Ley 1715 de 2014.
Estos bonos podrán ser negociados libremente en el mercado.
El objetivo es expandir la capacidad de generación de energías limpias en el país durante los próximos años.
Adicionalmente se modifica la exclusión que actualmente tiene en IVA para pasarla a exención.
El proyecto aumenta la tasa mínima de tributación de renta para aquellos sectores en los que aplica del 15% al 20%.
Modifica el hecho generador del impuesto al patrimonio de 72.000 UVT hoy ($3.368 millones) a 40.000 UVT ($1.883 millones) y trae otros ajustes con el objetivo de mejorar su progresividad, con énfasis en activos fijos reales no productivos.
Por otra parte, aumenta 5 puntos en la tarifa de ganancias ocasionales (tarifa general) del 15% al 20%.
En el caso de rifas y apuestas pasa del 20% al 25%.
Adicionalmente aumenta la tarifa de renta para las personas naturales de mayores ingresos, es decir las superiores a $1.459 millones.
El proyecto propone un IVA del 19% para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
Hoy las plataformas no pagan ese impuesto y quedarán al mismo nivel que los juegos localizados (casinos).
Se aumenta la tarifa del del Impuesto al carbono de $25.000 por tonelada de CO2 a $75.000 y se modifica su destinación.
También promueve los vehículos eléctricos al mantener la tarifa de IVA de estos en 5%.
Los híbridos pagarán el 19%.
Se propone adelantar el cumplimiento de la Regla Fiscal del 2026 al 2025 e incorporar la Regla Fiscal Verde con el fin de fin de permitir que el Gobierno Nacional acceda a sistemas de crédito que financien iniciativas ambientalmente sostenibles.
El primer componente se centra en la reactivación económica, con un enfoque en la reducción gradual de la tasa de impuesto sobre la renta corporativa.
Este ajuste beneficia principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector vital para la economía nacional.
Adicionalmente, la ley propone mayores incentivos para la generación de energía renovable y el turismo, con el objetivo de fomentar el crecimiento en estos sectores estratégicos.
El segundo componente busca adelantar el año de transición de la Regla Fiscal de 2026 a 2025.
Este cambio permitirá liberar aproximadamente 0.3 puntos porcentuales del PIB para el gasto en 2025, ofreciendo un respiro fiscal en un año de potencial desaceleración económica.
El tercer componente introduce incrementos en impuestos, destacando el nuevo IVA a juegos de suerte, azar y apuestas deportivas.
También se propone un aumento en el impuesto a personas de muy alto ingreso, con un ajuste en la tarifa marginal de renta del 39% al 41%, y una disminución de la base para el impuesto al patrimonio a 1.800 millones de pesos.
De acuerdo al análisis de Daniel Velandia, de Credicorp Capital, señala que la Ley de Financiamiento incluye varias medidas favorables.
Los incentivos a sectores estratégicos como las energías renovables son particularmente positivos.
“La reducción del impuesto a la renta corporativa, aunque gradual, es una señal alentadora. Este tipo de reformas pueden contribuir a reducir distorsiones en la actividad económica y mejorar la competitividad”, comenta Velandia.
Sin embargo, Velandia también advierte sobre varios desafíos y riesgos asociados con la ley.
“El momento para presentar esta reforma tributaria no es el más oportuno”, afirma.
La actividad económica sigue siendo débil y persiste una alta incertidumbre regulatoria en sectores clave.
A pesar de los intentos del gobierno por aumentar la inversión, el aumento de impuestos a sectores cruciales como el petróleo y el carbón, que son fundamentales para el crecimiento económico y las finanzas públicas, podría tener efectos adversos.
El aumento en la tarifa de renta y patrimonio para los individuos de altos ingresos también podría impulsar salidas de capitales, un fenómeno ya observado en los últimos años.
Además, la ejecución del gasto público ha sido la más baja en una década y la administración enfrenta serios problemas de corrupción, lo que cuestiona la eficiencia y efectividad del presupuesto.
Fin de los artículos
Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
Ver mapa del sitio | Desarrollado por: 
