Cali, abril 1 de 2026. Actualizado: martes, marzo 31, 2026 21:52
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La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió en su más reciente asamblea general que el modelo de crecimiento de Colombia se encuentra agotado y que la economía requiere un viraje estructural si quiere sostener su desarrollo a largo plazo.
Según el informe “Reflexiones Anif 2025: la ruta hacia un crecimiento económico sostenido”, el país depende en exceso del consumo de los hogares y de las importaciones, mientras la inversión se mantiene rezagada frente a los niveles prepandemia.
Desde 1956, Colombia ha crecido en promedio 2% anual, pero entre 2016 y 2025 ese ritmo cayó a 1,6%, reflejando un estancamiento productivo que compromete el potencial de la economía.
De acuerdo con Anif, el gasto de los hogares ha aumentado 25% desde 2021, mientras la inversión se redujo 5% respecto a 2019. El resultado, según el gremio, es una economía “consumista, poco productiva y financieramente vulnerable”.
“El auge del consumo se ha financiado con transferencias y con ingresos informales, que hoy representan el 40% del ingreso disponible de los hogares. Este patrón erosiona el ahorro nacional, reduce la formalización y compromete la sostenibilidad del crecimiento”, advirtió José Ignacio López, presidente de Anif.
La iniciativa Colombia Progresa 26/30, presentada en la Asamblea, plantea cinco ejes estratégicos para reorientar la política pública hacia un crecimiento sostenido: energía, salud, competitividad, inclusión financiera y seguridad. Cada uno aborda crisis estructurales que, según el gremio, frenan la productividad y la inversión.
El sistema energético enfrenta una deuda acumulada de $6 billones entre subsidios pendientes, alivios de pandemia y obligaciones con entidades públicas.
En generación, solo se ha ejecutado una cuarta parte de los proyectos programados y los planes de transmisión presentan retrasos promedio de 4,5 años. A esto se suma la advertencia de XM sobre una posible escasez si se presentan sequías en los próximos tres años.
ANIF propone usar los recursos del desmonte del subsidio al diésel (cerca de $8 billones) para sanear el sistema y reactivar inversiones por $70 billones en infraestructura eléctrica. Además, sugiere crear una comisión regulatoria independiente que garantice confianza y estabilidad normativa.
El segundo eje aborda la crisis de la salud, donde las EPS acumulan un patrimonio negativo de $12,4 billones. Este déficit, explica ANIF, ha generado cierres de clínicas, pérdida de especialidades y deterioro en la atención.
La propuesta plantea inyectar liquidez inmediata, preservar el modelo de aseguramiento mediante alianzas público-privadas y fortalecer la gestión financiera del sistema.
“El reto es garantizar la sostenibilidad sin desmontar la participación privada, que aporta innovación y eficiencia”, enfatizó Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif.
La Asociación insiste en que el exceso regulatorio se ha convertido en uno de los mayores frenos para la productividad.
Colombia opera bajo una “cultura del permiso”, donde las microempresas —que representan el 92% del tejido empresarial— enfrentan múltiples requisitos para formalizarse.
Anif propone reemplazar la vigilancia ex ante por supervisión ex post, simplificar los trámites tributarios y promover un entorno que incentive la innovación.
Solo el 35,5% de los adultos colombianos tiene un producto crediticio formal. La regulación actual, al limitar la tasa de usura, termina excluyendo a los perfiles más riesgosos y alimenta el crédito informal, donde las tasas alcanzan hasta 666% anual.
Anif plantea flexibilizar la tasa de usura para ampliar la inclusión crediticia: un aumento de 1 punto porcentual podría expandir la cartera de consumo en 0,69 puntos y la comercial en 0,43 puntos.
El gremio sugiere además calcular la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC) exclusivamente con créditos de consumo, eliminando el sesgo que genera la inclusión de créditos comerciales de bajo interés.
Colombia ocupa el cuarto lugar en homicidios de América Latina, solo detrás de Ecuador, Honduras y Venezuela. Para Anif, la violencia actual no es política sino económica: grupos armados disputan mercados ilegales y territorios productivos.
Esto cierra espacios para la inversión y limita el desarrollo rural. La propuesta incluye tipificar la pertenencia a organizaciones criminales como delito autónomo y fortalecer las capacidades de la fuerza pública.
El informe concluye que sin un diálogo fluido entre el Estado y el sector privado será imposible consolidar un crecimiento sostenido.
La parálisis en proyectos de minería, energía e infraestructura refleja la desconfianza generada por la inseguridad jurídica y la volatilidad normativa.
Anif llama a eliminar barreras administrativas y procesos de licitación excesivos, a fin de reactivar la inversión en sectores estratégicos y fortalecer la conectividad regional.
La entidad considera que la estabilidad regulatoria y la transparencia institucional son condiciones indispensables para restaurar la confianza y atraer capital privado.
“Colombia no puede tenerle miedo a crecer. Solo con inversión, seguridad y diálogo podremos construir un modelo sostenible, inclusivo y competitivo”, resume el documento.
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Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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