El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Financiamiento 2025, con el que el Gobierno espera recaudar $26,2 billones.

De acuerdo al Gobierno la iniciativa busca fortalecer las finanzas públicas, garantizar recursos para inversión social y dar un paso hacia la progresividad tributaria, en línea con el principio de que quienes más tienen, más aporten.

Ávila precisó que la propuesta no grava productos de la canasta básica, desmintiendo versiones que apuntaban a un aumento generalizado en alimentos y bienes de consumo masivo.

“No se están tocando los productos de la canasta familiar”, enfatizó, al recalcar que el esfuerzo recae en sectores de altos ingresos y actividades con márgenes crecientes de ganancia.

Ajustes tributarios planteados

El articulado incluye medidas que impactan de manera diferencial a distintos sectores:

IVA para vehículos híbridos, hospedaje de no residentes, bebidas alcohólicas y juegos de azar en línea.

Impuestos a combustibles fósiles, alcohol carburante y biodiésel, con incrementos progresivos en los próximos años.

Renta de personas naturales: eliminación de deducciones y descuentos, incluyendo el aplicado a dividendos.

Contribución mayor del sector financiero, uno de los segmentos con mejores utilidades en el país.

El Gobierno insiste en que el diseño de la ley no afecta a los sectores de menores ingresos ni a la clase media. La intención es que los grupos de mayor capacidad económica financien los proyectos sociales en marcha, el presupuesto de defensa y seguridad, y obras de infraestructura prioritarias para el desarrollo regional.

“Se busca equidad, es decir, que los más beneficiados por las actividades económicas contribuyan en mayor medida”, señaló Ávila, quien defendió la propuesta como un instrumento de sostenibilidad fiscal en un escenario en el que el déficit de las cuentas públicas ha presionado la deuda del país.

Camino legislativo

El debate en el Congreso será decisivo. Proyectos similares han encontrado resistencia en legislaturas anteriores, y esta vez el ambiente político luce aún más tenso, con sectores que cuestionan la conveniencia de aprobar nuevos impuestos en un año preelectoral.

Para el Ejecutivo, sin embargo, la aprobación de la Ley de Financiamiento es indispensable para garantizar la continuidad de programas sociales y el cumplimiento de compromisos presupuestales.

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