El decreto transitorio firmado por el presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo esta semana dejó más interrogantes que preguntas.

Con la firma del decreto provisional que será presentado al Consejo de Estado, el gobierno anunció que salario vital mantiene aumento del 23.7%.

Será este ente judicial encargado el de determinar si las explicaciones dadas por el gobierno en dicho decreto tienen viabilidad técnica y jurídica.

Como se recordará, el presidente Gustavo Petro presentó dicho decreto provisional del salario vital y móvil al Consejo de Estado para dar cumplimiento a los lineamientos trazados por el Auto de ese tribunal, que ordenó medida cautelar de suspensión transitoria del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo vital.

El presidente manifestó que “ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme; es el mismo que decretamos en diciembre del año 2025. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando“.

Según el mandatario, el nuevo decreto incluye los estudios técnicos y científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital que fueron solicitados por la Corte cuando suspendió el decreto.

El documento contempla los estudios de salario relativo, los estudios de productividad laboral y los estudios de canasta mínima vital.

Interrogantes

Aunque la última palabra la tiene el Consejo de Estado, para algunos juristas se estaría incumpliendo en la práctica la orden impartida por la Corte Constitucional.

Como se recordará, el Consejo de Estado determinó que el decreto original que estableció el aumento no presentó una justificación económica y legal suficiente acorde con la Ley 278 de 1996, que exige que los aumentos de salario consideren inflación, productividad y otros factores técnicos para ser válidos.

Por eso ordenó su suspensión cautelar mientras revisa las demandas presentadas

Según algunos expertos, el presidente desacató materialmente la decisión del Consejo de Estado.

Otros juristas plantean que el nuevo decreto presenta imprecisiones en su justificación, no solo por incluir el componente de salario vital, sino también por la sumatoria de las cifras que sustentan el incremento.

Analistas plantearon que mientras el aumento real frente al salario del año anterior es de 23%, el gobierno se sostuvo en el 23.7%.

Por otra parte, sectores empresariales y económicos han expresado preocupación de que un aumento tan elevado, sin correlato suficiente con la productividad, pueda presionar los costos laborales, especialmente en pequeñas y medianas empresas, potencialmente afectar empleo formal o incentivar informalidad.

Otros sectores han señalado que un aumento tan grande también puede afectar índices como la inflación o los índices de referencia en ciertos mercados.

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