Durante el 13° Encuentro Tributario, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, enfatizó que no existe nada más costoso para la economía de un país que los incentivos o medidas mal diseñadas.

Señaló que algunas políticas públicas buscaban resolver problemas, pero en la práctica terminaron agravándolos o generando efectos contrarios a los esperados.

El líder gremial se refirió a varios frentes en los que ciertas medidas han desencadenado consecuencias inesperadas y adversas.

Recordó, por ejemplo, que en Colombia suele afirmarse que aumentar la sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras es una medida efectiva para incrementar el recaudo, una discusión frecuente en el país. Sin embargo, destacó que la evidencia demuestra lo contrario.

Explicó que, en 2022, cuando la sobretasa era del 3%, se recaudaron $3 billones del sector financiero; y en 2023, tras incrementarla del 3% al 5%, en lugar de observarse un incremento en la tributación, lo que hubo fue una reducción, lo que se conoce como la curva de Laffer. El recaudo cayó a $2,2 billones.

También mencionó una reciente iniciativa en Bogotá para aumentar la tarifa del ICA a las actividades financieras, que estimaba un recaudo adicional de cerca de $450.000 millones.

No obstante, advirtió que, según cálculos de la Asociación, esta carga impositiva podía llevar a la relocalización de actividades hacia municipios de la sabana, lo que implicaba una disminución de aproximadamente $204.000 millones en los ingresos del Distrito.

Reducir tasa de usura

De otro lado, señaló que, aunque estudios de la Superintendencia Financiera muestran que reducir la tasa de usura disminuye la carga financiera de los hogares, esta medida genera un efecto contrario en términos de inclusión crediticia.

Indicó que, pese a que la tasa pasó de 26,2% en agosto de 2023 a 24,7% en septiembre de 2024, en ese mismo periodo se registró una caída importante en el número de tarjetas de crédito, al pasar de 15,5 a 13,9 millones. En la práctica fue una reducción de 1,6 millones de plásticos.

Finalmente, mencionó el régimen de insolvencia de persona natural, una ley que nació con la legítima intención de ofrecer una segunda oportunidad a quienes enfrentan una crisis económica, pero que se ha desfigurado debido al aumento de solicitudes fraudulentas para acogerse a esta herramienta, promovidas por asesores que recurren al engaño y fomentan su mal uso.

Según el presidente del gremio de los bancos, este tipo de prácticas convierte la insolvencia en un incentivo equivocado y alimenta una cultura del no pago que erosiona la confianza en el sistema y desvirtúa por completo la finalidad social de la norma.

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