El turismo colombiano enfrenta una paradoja.

Mientras el país continúa consolidándose como un destino cada vez más atractivo para viajeros nacionales e internacionales, los indicadores del alojamiento formal muestran señales de deterioro que preocupan al sector hotelero.

Así lo advirtió la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que pidió acelerar la actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT) para enfrentar el crecimiento acelerado de las viviendas turísticas y sus efectos sobre la economía del sector.

La principal alerta proviene del explosivo crecimiento de las viviendas turísticas registradas en el país.

Según cifras del Registro Nacional de Turismo, entre 2019 y 2025 este tipo de alojamiento aumentó 609%, una expansión que, de acuerdo con Cotelco, se ha producido sin suficientes mecanismos de control y verificación.

Para el gremio, este fenómeno ya está generando consecuencias económicas y sociales en varios destinos turísticos.

Entre ellas aparecen procesos de gentrificación, incremento en los costos de vivienda y arriendos, presión sobre los servicios públicos, afectaciones a la convivencia de las comunidades receptoras y una creciente pérdida de empleo formal.

La preocupación se refleja en los resultados más recientes del sector. Durante el primer trimestre de 2026, el personal ocupado en actividades de alojamiento turístico se redujo 3,8% frente al mismo período del año anterior.

A ello se suma una caída en la ocupación hotelera nacional, que pasó de 50,2% a 49,1%, incluso en una temporada que tradicionalmente suele ser favorable para el turismo por las vacaciones de inicio de año y eventos de alta afluencia como el Carnaval de Barranquilla.

Los ingresos también muestran señales de debilitamiento.

Los establecimientos de alojamiento turístico registraron una disminución de 5% en sus ingresos reales durante los primeros tres meses del año, afectando la rentabilidad de hoteles, apartahoteles, hostales y demás operadores formales.

Según Cotelco, el problema no se limita a una menor demanda. El sector enfrenta simultáneamente mayores costos operativos, presión tributaria y una expansión de la oferta informal que estaría generando condiciones de competencia desigual. Mientras los establecimientos formales cumplen obligaciones laborales, tributarias y regulatorias, una parte importante de la oferta turística opera con menores exigencias y controles.

Contracción del sector

Las cifras del Producto Interno Bruto también respaldan esta preocupación.

El PIB de alojamiento y servicios de comida registró una caída de 1,8% durante el primer trimestre de 2026, completando tres trimestres consecutivos de contracción.

De acuerdo con estimaciones del gremio basadas en información del Dane, esta reducción representa una pérdida cercana a $170 mil millones frente al mismo período del año anterior, mientras que el impacto acumulado alcanza aproximadamente $472 mil millones.

Adicionalmente, Cotelco reportó inconsistencias dentro del propio Registro Nacional de Turismo.

Entre ellas se identificaron 226 viviendas turísticas registradas con más de 100 habitaciones, una característica que, según el gremio, debería corresponder a otras categorías de alojamiento con mayores exigencias regulatorias.

También se detectaron más de 1.300 inconsistencias relacionadas con número de habitaciones y camas, especialmente en Bogotá, Antioquia y Bolívar.

Ante este panorama, el gremio insiste en la necesidad de avanzar hacia un “RNT 2.0”, con mayores mecanismos de validación, seguimiento y control de la información registrada por los prestadores de servicios turísticos.

Asimismo, solicita que las plataformas digitales de comercialización verifiquen previamente la autenticidad de los registros antes de permitir la publicación de inmuebles.

Para José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, el reto es construir un modelo de regulación turística más eficiente, transparente y adaptado a las nuevas dinámicas digitales.

La discusión, asegura el gremio, no solo afecta a los hoteles, sino que tiene implicaciones sobre la sostenibilidad económica de los destinos, la generación de empleo formal y la seguridad de turistas y comunidades en todo el país.

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