El proyecto de ley pretende mejorar las condiciones de trabajo de los servidores judiciales, reestructurar la escuela judicial para ofrecer una mejor y más oportuna capacitación a los administradores de justicia y hacer ajustes para lograr mayor seguridad jurídica.

Desde Pereira el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, recordó que la administración de justicia es un servicio público esencial, y que lo que se busca es reformar la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) para adecuar el gobierno y administración de la Rama Judicial a la arquitectura constitucional establecida en el acto legislativo 02 de 2015, y el precedente de la Corte Constitucional.

La iniciativa adapta la conformación autónoma y funcional del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que ejerce la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial; y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como órgano técnico y administrativo ejecutor.

Así mismo, busca hacer efectivo el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes con mayor autonomía presupuestal para la Rama Judicial; y determinar la función constitucional del Consejo Superior de la Judicatura para ubicar y distribuir los despachos judiciales de acuerdo con la conflictividad social y la demanda de justicia a nivel local y rural, permitiendo la creación de juzgados itinerantes.

Otros aspectos centrales de la reforma tienen que ver con el fortalecimiento de la defensoría pública para la defensa jurídica de procesados y representación de víctimas, y el impulso de los medios alternativos de solución de conflictos de manera pronta y cumplida.

Para el Ministro Ruiz, adaptar la administración de justicia a las tecnologías de la información y las comunicaciones bajo un enfoque de adopción del expediente digital, mejora la eficiencia y productividad en tiempos y costos para el Estado. Razón por la cual el ciudadano podrá acceder a la justicia de manera pronta, efectiva y eficaz.

“Establecer con rigor los principios de la administración de justicia como carta de navegación de todos los operadores jurídicos y medidas de prevención de corrupción le devolverán la confianza a la ciudadana en la justicia”, aseguró el alto funcionario.

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