Un llamado de atención al gobierno nacional hizo Amnistía Internacional para que tome medidas para proteger a los líderes sociales en todo el país.

La organización internacional presentó el informe “Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa”, en la que analiza la situación de los líderes en Colombia.

El informe de Amnistía Internacional recopila además el caso de varias organizaciones de base en distintos lugares del país se ha visto afectados por el accionar de los violentos.

Según Amnistía, el Estado no ha atendido las recomendaciones de los últimos cinco años y no hay suficiente la respuesta del Estado ante los graves riesgos que enfrentan las personas que ejercen cualquier tipo de liderazgo en derechos humanos.

Por eso le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que tome cartas en el asunto al recordar que cuando asumió el cargo se comprometió con la defensa de los voceros de la comunidad pero la violencia contra estos continuó.

Cifras

En ese sentido, el programa “Somos Defensores” indicó que en 2022 fueron asesinados 197 líderes sociales, en comparación con el 2021, que fueron 139 las víctimas.

Así mismo, Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, informó que hasta septiembre el número de víctimas de la violencia ha sido de 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Según Indepaz, en lo corrido del año los crímenes contra los líderes sociales se han presentado en 23 departamentos del país y la ciudad de Bogotá, siendo los líderes indígenas con 23 casos, y los comunales con 21 las poblaciones más afectadas por esta problemática.

Indepaz también le hizo el llamado al Gobierno “para hacer presencia integral en los territorios más afectados por el conflicto y que siga adelante con las conversaciones con los grupos armados”.

Sobre los departamentos más afectados, Indepaz explicó que el departamento del Cauca ya llegó a la cifra de más de veinte líderes sociales asesinados, seguido de Antioquia y Valle del Cauca, donde los presuntos responsables serían grupos armados ilegales que incluso están negociando su entrada a la política de Paz Total del Gobierno Nacional.

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