En una audiencia realizada este martes en Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación pidió imponer medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro.

La fiscal del caso, Lucy Laborde, argumentó que el procesado “conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas, ya que tenía la capacidad de comprender su ilicitud”, al referirse a las presuntas irregularidades que involucran la entrega de contratos entre una fundación y la Gobernación del Atlántico.

El ente acusador sostiene que Petro Burgos habría intervenido para favorecer al menos dos contratos y que, adicionalmente, habría accedido a información reservada del proceso.

La fiscal enfatizó la necesidad de una medida de aseguramiento en contra del hijo del presidente e insistió en que representa un peligro para la sociedad y puede obstruir el proceso, de ahí la importancia de mantenerlo privado de la libertad, mientras avanza el proceso en su contra.

Así mismo pidió descartar una detención domiciliaria o una libertad condicional.

La audiencia continúa y será el juez quien determine si hay mérito suficiente para ordenar la detención preventiva del investigado, en medio de un proceso marcado por tensiones judiciales y señalamientos de presunta obstrucción a la justicia.

Los delitos

Nicolás Petro enfrenta cinco delitos: peculado por apropiación, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Petro Burgos no aceptó los cargos durante la audiencia del 26 de noviembre, asegurando que la imputación contiene inconsistencias y denunciando un posible fraccionamiento del caso.

Incluso, el juez cuestionó a la Fiscalía por no precisar con suficiente claridad cómo habría ejercido influencia sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

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