El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrenta las primeras consecuencias tras su inclusión en la Lista Clinton, una sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a personas vinculadas con presuntas actividades ilícitas.

La medida, que bloquea el acceso al sistema financiero internacional, comenzó a sentirse casi de inmediato. “Me bloquearon la tarjeta de crédito; estoy mal y golpeado”, afirmó el funcionario en entrevista con Mañanas Blu.

Las primeras reacciones del ministro

Durante su intervención radial, Benedetti relató cómo se enteró del impacto real de estar en esa lista: “Hasta ayer es que he venido a entender las implicaciones reales de la Lista Clinton”.

Explicó que tanto su tarjeta Visa como su tarjeta MasterCard fueron canceladas a las pocas horas de conocerse la decisión del Departamento del Tesoro.

Esto, según indicó, ocurre porque ambas empresas tienen sede en Estados Unidos y deben cumplir las sanciones impuestas por el Gobierno de ese país.

Aunque el ministro afirma no poseer cuentas bancarias ni bienes en territorio estadounidense, los efectos de la sanción cruzan fronteras.

Al estar vinculado a la Lista Clinton, las instituciones financieras internacionales y empresas extranjeras tienden a evitar cualquier relación con la persona sancionada, lo que genera un aislamiento económico global.

A nivel nacional, el sistema financiero colombiano puede aplicar medidas similares, como bloquear activos o restringir productos financieros.

Sanciones, consecuencias y rechazo

Las implicaciones van más allá del uso de tarjetas. Quienes entran a la Lista Clinton enfrentan congelamiento de activos, prohibiciones de transacciones financieras y potenciales sanciones civiles y penales.

A esto se suman restricciones migratorias hacia Estados Unidos y revisiones más rigurosas en aeropuertos y fronteras.

Benedetti manifestó su intención de acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia para exigir respeto por sus derechos.

Además, rechazó las acusaciones y afirmó que su inclusión responde a motivaciones políticas. En sus palabras, la decisión busca afectar al presidente Gustavo Petro y desestabilizar al país.

En la misma resolución también fueron incluidos el presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos.

Este último fue acusado de recibir, presuntamente, fondos ilegales durante la campaña presidencial de 2022, lo que lo mantiene bajo investigación en Colombia.

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