¿Se habrán detenido el Gobierno y los congresistas a estudiar el impacto de la reforma tributaria en los hogares?

En el presupuesto de 2017 no fue incluido el aporte que debe hacer la Nación para el subsidio del servicio de energía para los estratos 1, 2 y 3, por lo que no se sabe de dónde saldrán los $800 mil millones que por este concepto se deberían trasladar a las comercializadoras de electricidad. Además, de los recursos comprometidos para el año en curso el Gobierno adeuda $400 mil millones.

Más temprano que tarde los usuarios subsidiados o los usuarios que los subsidian (los de estratos 5 y 6) terminarán pagando más.

El alza en la energía por cuenta de este faltante podría ser de hasta el 30%. Si a esto se suma que en el último año las tarifas del gas domiciliario han subido el 20% y seguirán subiendo porque están amarradas al precio del dólar, el golpe para la economía de los hogares es considerable.

Pero eso no es todo, viene el alza del IVA del 16% al 19% y las demás novedades de la reforma tributaria, entre ellas el aumento de al menos $135 en el galón de gasolina y $152 en el galón de Acpm, lo que automáticamente aumentará el precio del transporte público y de todos los productos que se muevan por carga terrestre.

¿Cuál será el impacto que esta cascada de alzas tendrá en los hogares de estratos populares y clase media?

Lo más peligroso de todo este asunto es que las decisiones están en manos de los congresistas, que tienen ingresos mensuales superiores a los $26 millones y, por ende, les parecerá poco el impuesto de $300 pesos por litro de las bebidas azucaradas o el 4% a la telefonía móvil, sin detenerse a pensar que la sumatoria de gravámenes afectará profundamente la calidad de vida del colombiano promedio. ¿No sería mejor reducir el desbordado gasto público?

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