En una alocución televisada este martes 3 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció que firmará un decreto para convocar una consulta popular con 12 preguntas sobre la reforma laboral.

El mandatario aseguró que asume las consecuencias políticas del acto y pidió a la Corte Constitucional revisar y avalar el mecanismo.

“Voy a decretar la consulta. La Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria de consulta popular que haré esta semana. Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí”, afirmó.

Según explicó, tomará esta decisión porque “jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República” y reiteró que en la Cámara alta “hicieron trampa”.

El presidente también pidió a la Corte ayudar a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, con énfasis en la igualdad y la libertad.

Gobierno afina detalles jurídicos del decreto

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el borrador del decreto ya fue elaborado y será revisado con expertos constitucionalistas.

En la reunión programada participan expresidentes de la Corte Constitucional, magistrados auxiliares y juristas que examinarán la estructura legal del documento.

Benedetti enfatizó que no se discute si se hará el decreto, sino cómo se formulará. “El decreto ya tiene columna vertebral. Vamos a completarlo con las recomendaciones jurídicas que surjan del encuentro”, explicó.

Ante las críticas del Congreso, el ministro aseguró que el Gobierno tiene múltiples estrategias para avanzar con su agenda laboral.

Señaló además que actores políticos como el senador Efraín Cepeda estarían utilizando maniobras para frenar las reformas, lo cual justificaría la convocatoria ciudadana.

Consulta y reforma legislativa avanzan en paralelo

El Gobierno sostiene que la consulta popular no contradice la reforma laboral en curso, que ya fue parcialmente aprobada en comisión.

Benedetti insistió en que ambos mecanismos pueden coexistir, pues el objetivo central es garantizar los derechos laborales.

La consulta, que ya fue negada por el Senado el pasado 14 de mayo, continúa generando división entre el Ejecutivo y el Legislativo, en medio de una discusión sobre los límites constitucionales del poder presidencial.

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