Por lo menos 50 mil personas de seis municipios del departamento de Chocó se encuentran confinadas ante el paro armado decretado por el ELN desde el pasado domingo en esta región del Pacífico.

Así lo anunció la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, quien al término de un consejo de seguridad anunció que se incrementó el pie de fuerza en cinco mil soldados más para garantizar la tranquilidad de la comunidad.

La mandataria indicó que este paro armado afecta la actividad comercial, educativa y cotidiana no solo en las zonas rurales alertadas por el ELN, sino en toda la subregión del sur que suma ocho municipios.

Los uniformados recién llegados ya comenzaron a custodiar carreteras y ríos con el objetivo de garantizar la libre movilidad y la continuidad de las actividades económicas y cotidianas de las comunidades afectadas.

A estos efectivos se sumará un grupo de cien soldados del Ejército y la Armada.

También espera la llegada de helicópteros para mejorar la movilidad de las tropas, así como de aeronaves no tripuladas que permitirán el monitoreo y control en tiempo real de las vías fluviales y terrestres.

Por su parte, el Comando General de las Fuerzas Militares puso a disposición de la población las Líneas Gratuitas 107 contra el Terrorismo y 147 del Gaula Militar para que denuncien en la presencia de grupos armados ilegales o la realización de actos delictivos en esta región.

El paro

En un comunicado dado a conocer por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, esta agrupación ilegal anunció el inicio del paro armado desde las cero horas del pasado domingo como respuesta a la expasión en esta región de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El paro afecta sobre todo a los municipios de Itsmina, Nóvita, Sipí, Medio San Juan, Medio Baudó, Río Iró, San José del Palmar y Litoral del San Juan.

EL Foro Interamericano de Solidaridad Chocó Fishch, rechazó el paro armado indefinido y denunció que desde ya hay posible escasez de alimentos y medicinas esenciales debido al bloqueo del ELN.

Así mismo, denunció la “grave violación de Derechos Humanos está sometiendo a más de 27 mil personas al confinamiento, bloqueando el acceso a alimentos y medicinas esenciales”.

Además calificaron el paro de un etnocidio que agrava las ya criticas condiciones de vulnerabilidad en las que viven las comunidades que dependen del Río San Juan para comunicarse.

Comments