Cali, noviembre 12 de 2025. Actualizado: martes, noviembre 11, 2025 22:51
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El Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022) concluye que el narcotráfico tuvo un papel decisivo en la toma del Palacio de Justicia.
No solo fue un contexto de violencia generalizada, sino una intervención directa del Cartel de Medellín, que coincidía con los intereses del M-19 en un objetivo común: golpear al Estado y debilitar la extradición. Cuarenta años después, esta relación sigue siendo una de las líneas más oscuras de la historia reciente del país.
Desde 1980, la Corte Suprema de Justicia había respaldado el Tratado de Extradición con Estados Unidos, lo que provocó la reacción violenta de los capos del narcotráfico, agrupados luego bajo el nombre de Los Extraditables.
En diciembre de 1984, la Corte emitió concepto favorable a la extradición de Carlos Lehder, y poco después comenzaron las amenazas contra magistrados y ministros.
La Comisión recoge testimonios que confirman la existencia de contactos entre miembros del M-19 y emisarios de Pablo Escobar.
“Nunca tuvimos una relación de sometimiento con ninguno de estos grupos, pero sí hubo relación de conveniencia, de facilitar cosas, de transporte de cosas, de personas también.”
Por su parte, Rosemberg Pabón declaró que Iván Marino Ospina era el único autorizado para reunirse con Escobar:
“Iván por su carácter era querido entre todos los bandidos, no solamente los narcos… le tenían respeto como guerrero.”
La Comisión interpreta estos encuentros como alianzas coyunturales: el M-19 buscaba apoyo logístico y financiero; el cartel, eliminar los expedientes judiciales que sustentaban los procesos de extradición.
“La toma del Palacio de Justicia fue el punto de intersección entre la violencia política y la violencia del dinero.”
El informe cita varios testimonios que coinciden en afirmar que el Cartel de Medellín entregó dinero al M-19 para la operación.
John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, aseguró que Escobar aportó dos millones de dólares, aunque el dinero “se perdió” tras la muerte de Iván Marino Ospina.
“Un millón de dólares para eliminar al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, y un millón adicional por destruir todos los archivos. (…) Pizarro enfatizó en la forma de proceder a la Sala donde se mantenían los procesos de extradición contra Pablo Escobar.”
De acuerdo con la Comisión, poco después del ingreso del M-19 y antes de la intervención militar, testigos vieron salir humo desde el costado oriental del Palacio, donde se encontraban los expedientes de extradición.
Esa coincidencia fortaleció la hipótesis de que la destrucción de los archivos fue deliberada.
“El narcotráfico aprovechó la acción insurgente para eliminar la memoria judicial de sus crímenes.”
A pesar de la abundancia de testimonios, la justicia colombiana nunca profundizó en la línea del narcotráfico.
“La investigación sobre la financiación del narcotráfico no prosperó por la ausencia de pruebas físicas y la falta de voluntad para indagar en las conexiones entre actores insurgentes y económicos.”
El silencio judicial permitió que ningún narcotraficante fuera condenado por su participación en la toma, a pesar de que varios testimonios coincidían en señalar a Escobar como financiador.
Para la Comisión de la Verdad, el caso del Palacio de Justicia representa la confluencia de tres violencias: la insurgente, la estatal y la del narcotráfico.
Las tres coincidieron en un mismo punto: la destrucción del símbolo de la justicia.
“El Palacio de Justicia fue la expresión máxima del colapso moral del Estado: cuando el dinero, las armas y el poder político se cruzaron sin límites.”
Esta nota hace parte de la serie especial “40 años del Palacio de Justicia – La verdad que no se apaga”, publicada por Diario Occidente con base en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022). Descárgalo aquí
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Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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