Cali, noviembre 12 de 2025. Actualizado: miércoles, noviembre 12, 2025 16:20
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El Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022) señala que uno de los puntos más críticos de la tragedia del Palacio de Justicia fue la destrucción de los expedientes de extradición que reposaban en la Corte Suprema.
Detrás de los disparos y el fuego, se libraba otra batalla: la que definía si Colombia cedería a Estados Unidos a los jefes del narcotráfico.
“El objetivo principal del M-19 era provocar un enjuiciamiento al presidente Betancur, y en segundo lugar echar por el cesto el tratado de extradición.”
Desde la aprobación del Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos en 1979, ratificado en 1980, los narcotraficantes —más tarde conocidos como Los Extraditables— emprendieron una ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia.
El detonante fue la decisión de diciembre de 1984, cuando el alto tribunal avaló la extradición del capo Carlos Lehder.
“Los extraditables en esa época le temían más a la extradición que a la pena de muerte. Cuando vieron que la salida política no les funcionó, empezaron a emplear medios coercitivos como las amenazas.”
Las amenazas se hicieron realidad el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el fuego consumió la sede del alto tribunal y con ella los archivos de los procesos de extradición contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Jorge Luis Ochoa y otros jefes del Cartel de Medellín.
“Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia.”
En los días previos al ataque, la Corte Suprema debatía la constitucionalidad del Tratado de Extradición y la legalidad de las órdenes de captura internacionales.
En la agenda judicial figuraban varios conceptos pendientes sobre la aplicación del tratado. La Comisión de la Verdad concluye que el asalto interrumpió el debate más trascendental de la justicia colombiana en el siglo XX.
“El Palacio de Justicia ardió en el momento exacto en que se discutía el alcance de la soberanía nacional frente a la extradición.”
El fuego destruyó los expedientes originales y copias certificadas de los procesos, lo que hizo imposible continuar con las decisiones judiciales. Las causas quedaron suspendidas y el sistema de justicia perdió años de investigación acumulada.
La Corte Suprema reconstruida tras la tragedia, con nuevos magistrados, declaró inexequible la Ley 27 de 1980 —que aprobaba el tratado de extradición— el 12 de diciembre de 1986.
“Declarar INEXEQUIBLE la Ley 27 de noviembre 3 de 1980… por cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República.”
Con esa decisión, Colombia quedó sin tratado de extradición durante casi una década, justo en el auge del narcotráfico. Los capos celebraron el fallo como una victoria.
En comunicados enviados a los medios bajo la firma Los Extraditables, afirmaron que “ningún colombiano será juzgado fuera de su patria”.
La Comisión de la Verdad considera que los únicos ganadores de la toma fueron los narcotraficantes, pues lograron eliminar los expedientes, debilitar la Corte Suprema y frenar la extradición durante los años más violentos del país.
“El narcotráfico, que había penetrado los estamentos nacionales, logró su mayor victoria al eliminar temporalmente la extradición y garantizar su impunidad.”
Tras el vacío judicial de los años ochenta, el tratado con Estados Unidos no volvió a entrar en vigor. En su lugar, se tramitó una política de cooperación limitada.
La Constitución de 1991 restableció la figura de la extradición, pero prohibió la entrega de nacionales colombianos, una medida impulsada por el recuerdo del Palacio de Justicia y las amenazas de los carteles.
Solo con el Acto Legislativo 01 de 1997 se reabrió plenamente la posibilidad de extraditar colombianos por narcotráfico y terrorismo, restableciendo la cooperación judicial con Estados Unidos.
“El Palacio de Justicia marcó un antes y un después: del debate jurídico al imperio del miedo.”
Desde entonces, la extradición se convirtió en un instrumento de política criminal. Entre 1997 y 2022, más de 2.400 colombianos fueron extraditados, una cifra que contrasta con el silencio judicial que siguió a la tragedia de 1985.
La Comisión concluye que la toma y retoma del Palacio sellaron una década de impunidad, en la que el narcotráfico impuso su poder sobre las instituciones.
“La tragedia del Palacio de Justicia no solo destruyó los archivos de la Corte: destruyó la independencia judicial del Estado.
Esta nota hace parte de la serie especial “40 años del Palacio de Justicia – La verdad que no se apaga”, publicada por Diario Occidente con base en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022). Descárgalo aquí
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Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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