Cali, enero 30 de 2026. Actualizado: jueves, enero 29, 2026 20:33
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El 2025 fue un año decisivo y difícil para Colombia. La agenda nacional estuvo dominada por hechos de violencia política, ataques armados, tragedias humanas, emergencias climáticas y profundas discusiones sobre el rumbo económico y social del país.
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue el hecho político más impactante del año.
El atentado ocurrió el 7 de junio en Bogotá, durante un evento público, cuando el dirigente recibió varios impactos de bala.
Uribe Turbay permaneció más de dos meses hospitalizado y falleció el 11 de agosto de 2025.
El magnicidio generó conmoción nacional, obligó a reforzar los esquemas de seguridad de decenas de dirigentes y reavivó los temores sobre el regreso de la violencia política en el país.
El 8 de junio de 2025, un sismo de magnitud 6,5 sacudió los departamentos de Cundinamarca y Meta, con epicentro en Paratebueno.
El movimiento dejó cuatro personas heridas, 84 viviendas destruidas y 319 declaradas no habitables, además de daños en colegios, centros de salud y vías.
Aunque no hubo víctimas mortales, el terremoto generó pánico y puso a prueba los sistemas de respuesta.
El evento reabrió la discusión sobre la vulnerabilidad sísmica del país y la necesidad de reforzar la infraestructura y los planes de emergencia.
Las fuertes lluvias de junio provocaron una avalancha en el sector de Granizal, entre Bello y Medellín.
El desastre dejó al menos 25 personas muertas, decenas de desaparecidos y miles de damnificados que perdieron sus viviendas.
Equipos de rescate trabajaron durante semanas en la zona. La tragedia evidenció los riesgos de la ocupación de zonas inestables, la falta de planificación urbana y el impacto creciente del cambio climático, que en 2025 dejó múltiples emergencias por lluvias en distintas regiones del país.
La situación en el Catatumbo se agravó de manera dramática en 2025. Los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc provocaron desplazamientos masivos, confinamientos y graves afectaciones a la población civil.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 77.719 personas fueron desplazadas forzosamente en Colombia durante el año, de las cuales 68.347 correspondieron a municipios del Catatumbo.
Además, se reportaron decenas de civiles asesinados, múltiples heridos y comunidades enteras incomunicadas.
La crisis evidenció la persistencia del conflicto armado y la limitada capacidad del Estado para garantizar seguridad y presencia institucional en esta región estratégica.
La economía ocupó un lugar central en la agenda de 2025. El Gobierno impulsó una nueva reforma tributaria con la que buscó recaudar 19 billones de pesos que no fue aprobada.
Al mismo tiempo, el déficit fiscal proyectado para el año se ajustó al 7,1 % del PIB, generando preocupación en analistas y sectores productivos.
Las discusiones en el Congreso fueron intensas y se tradujeron en protestas, advertencias de gremios y tensiones políticas que marcaron el debate sobre el modelo económico y el gasto público.
El sistema de salud continuó en crisis durante 2025. El Ministerio de Salud reportó que las deudas acumuladas de las EPS alcanzaron los 32,9 billones de pesos, afectando la prestación de servicios a millones de usuarios.
En el caso de la Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, se registraron retrasos en pagos, cierres de servicios y protestas de pacientes.
La situación mantuvo el tema de la reforma a la salud en el centro del debate político y evidenció el impacto directo de la crisis en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Uno de los hechos de seguridad más graves del año ocurrió en Cali, cuando un atentado terrorista sacudió una base aérea en el suroccidente de la ciudad.
El ataque dejó al menos seis personas muertas y más de 60 heridas, varias de ellas civiles que se encontraban en los alrededores.
Las autoridades atribuyeron el atentado a disidencias de las Farc del Estado Mayor Central, señalando estructuras como el frente Carlos Patiño y la columna Jaime Martínez.
El episodio encendió las alarmas sobre la capacidad de estos grupos para atacar instalaciones estratégicas en zonas urbanas.
La violencia contra la fuerza pública aumentó en 2025. Uno de los ataques más graves ocurrió en diciembre, cuando el ELN lanzó explosivos y drones contra una base militar en zona fronteriza con Venezuela.
El ataque dejó siete soldados muertos y más de 20 heridos, según reportes oficiales. A lo largo del año, se registraron decenas de acciones armadas contra militares y policías en distintas regiones, lo que incrementó la percepción de deterioro del orden público y generó fuertes cuestionamientos a la política de seguridad y a los diálogos con grupos armados ilegales.
El 14 de diciembre, un bus escolar cayó por un abismo en una vía rural de Antioquia, en uno de los accidentes de tránsito más graves del año.
El hecho dejó 17 personas muertas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor, y al menos 20 heridos. La tragedia generó duelo nacional y abrió nuevamente el debate sobre el estado de las carreteras, la seguridad del transporte escolar y los controles a vehículos que movilizan menores.
El caso evidenció fallas estructurales en prevención y supervisión, en un país que sigue registrando miles de muertes anuales por siniestros viales.
La justicia sacudió la agenda política en 2025 con la expedición de órdenes de captura contra dos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, en uno de los escándalos de corrupción más delicados del año.
Las medidas judiciales recayeron sobre el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, investigados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y en la asignación de partidas presupuestales.
Según los expedientes, los hechos estarían relacionados con contratos y movimientos de dinero destinados a asegurar apoyos políticos en el Congreso.
Fin de los artículos
Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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