La inclusión en la jurisdicción especial de paz de terceros que financiaron los grupos armados ilegales es uno de los apartes del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc que más debate ha generado.

Días después de que se conociera el documento completo circuló una lista de 57 empresas cuyos propietarios y directivos supuestamente serían enjuiciados por financiar a la guerrilla o a los paramilitares. Ante esta versión, que fue desmentida por el Gobierno Nacional, el presidente Juan Manuel Santos explicó:

“Hay una serie de normas, de códigos, de decisiones, para que cualquier empresario que se vea involucrado en cualquier caso, pueda acudir a la Justicia Transicional y limpiar su nombre. Y solamente, aquellos terceros, empresarios o no, que en forma habitual y determinante sean responsables de crímenes de lesa humanidad, el Tribunal los podrá juzgar”.

Comments