Cali, mayo 26 de 2026. Actualizado: lunes, mayo 25, 2026 22:05
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La Cámara de Representantes dio un paso decisivo en la lucha contra el mercenarismo al aprobar, con 92 votos a favor, el proyecto de ley que busca frenar el reclutamiento de colombianos para participar en conflictos armados extranjeros.
La iniciativa, impulsada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa desde agosto de 2024, establece nuevas sanciones penales y un marco jurídico específico para perseguir esta actividad, que en los últimos años ha captado a cientos de connacionales mediante ofertas engañosas y contratos de alto riesgo.
Tras la votación, el Gobierno destacó que la aprobación reafirma la postura del país frente a un fenómeno que considera una forma moderna de explotación humana.
La Cancillería advirtió que detrás de estas redes operan estructuras que se aprovechan de la precariedad económica y la falta de protección legal, poniendo en riesgo la vida de quienes terminan integrando ejércitos extranjeros.
La propuesta legislativa fue originalmente radicada por el entonces canciller y hoy precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo, quien alertó desde 2024 que Colombia no contaba con una prohibición clara que permitiera cerrar las puertas a estas organizaciones.
Según cifras que se conocieron más de 300 colombianos han muerto en el conflicto de Ucrania, luego de ser reclutados como mercenarios, una cifra que estremeció al país y que fue revelada en plena sesión del Congreso.
La parlamentaria del Pacto Histórico, Carmen Felisa Ramírez Boscán, advirtió, durante el debate sobre la adhesión de Colombia a la convención que prohíbe el mercenarismo, que existen “más de 500 colombianos reclutados como combatientes en Ucrania, de los cuales más de 300 han muerto”.
El pronunciamiento quedó registrado en la transmisión oficial del Congreso y reactivó la alarma sobre una red transnacional que convierte a jóvenes en carne de cañón en guerras ajenas.
El mercenarismo es la actividad en la cual un individuo participa en un conflicto armado por beneficio económico.
Los mercenarios son soldados de alquiler, que luchan en nombre de un Estado o por el grupo económico que pague sus servicios.
El miembro de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe Muñoz, aseguró que el país debía alinearse con los estándares internacionales, pues según el derecho humanitario “los mercenarios no tienen derechos” y era vital que el país aprobara la ley para tipificar esta actividad como delito y frenar el reclutamiento.
Colombia se ha convertido en un ‘exportador’ de mercenarios, según reportes de distintas instituciones.
Datos oficiales revelan que entre 2020 y 2025, unos 800 colombianos habrían participado en guerras fuera del país.
Expertos estiman que la cifra real podría superar los 3 mil casos, debido a redes clandestinas que operan sin control.
El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir declaró que “Colombia considera inadmisible el envío de sus ciudadanos a combatir en ejércitos extranjeros”, al señalar que “la preocupación no se limita a Ucrania, sino a otros escenarios donde los colombianos han sido víctimas de engaños y violencia”.
El Ministerio de Defensa, junto a varios congresistas —entre ellos Alejandro Toro Ramírez, Álvaro Londoño Lugo y Jhon Jairo Berrío—, impulsaron la iniciativa legislativa destinada a frenar el reclutamiento de mercenarios en el país.
Para el analista Fernando Estrada, la estructura de la industria bélica global puede esquivar legislaciones débiles.
Por ello, insiste en que se necesita una estrategia sólida y coordinada con la comunidad internacional.
La falta de una norma clara mantenía abiertos varios frentes de preocupación. Por un lado, se registraba un crecimiento de los reclutamientos clandestinos, operaciones difíciles de detectar y aún más complicadas de llevar ante la justicia.
A ello se suman las tensiones regionales que genera la presencia de ciudadanos colombianos en zonas de conflicto —como Ucrania, Siria o regiones de África—, un fenómeno que incomoda a países aliados.
El panorama se completa con un deterioro en la reputación internacional, un factor que podría afectar acuerdos y frenar la cooperación con otras naciones.
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Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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