Continúa la incertidumbre por la elaboración y entrega de pasaportes en Colombia luego que la licitación para este procedimiento fuera declarada desierta.

Este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió una resolución por la cual se declara el estado de urgencia manifiesta, en relación con la prestación del servicio público de “suministro, formalización, prestación y personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”.

Ante la decisión de no revocar el acto administrativo por el cual se declaró desierto el proceso de licitación, el canciller Álvaro Leyva aseguró que hará lo necesario para que la prestación del servicio no se vea afectada.

Sin embargo, Leyva anunció que el proceso para garantizar la expedición de los pasaportes en Colombia es incierto durante la audiencia de reanudación sobre la licitación de estos documentos.

Hay incertidumbre de qué pasará después del 2 de octubre cuando vence el actual contrato, por lo que el canciller declaró la urgencia manifiesta.

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Vence contrato

El abogado de Thomas Greg & Sons, firma que tiene actualmente el contrato, Juan Pablo Estrada, explicó que “el contrato vigente culmina, no es un tema de falta de deseo o voluntad, es que no hay amparo y respaldo legal para que se sigan produciendo los pasaportes”.

Como se recordará, dicho contrato tiene el propósito de prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Thomas Greg & Sons aspiraba continuar con el contrato por un valor de 599 mil millones de pesos, por lo cual interpuso un recurso de reposición en contra de la decisión, argumentando que el ministro no era competente para hacer esa declaratoria.

Además, se anunció que dicha firma reclamaría cien mil millones de pesos al gobierno nacional por el hundimiento de la licitación.

Por su parte, el canciller Álvaro Leyva enfatizó que “no se accederá a la revocatoria del acto administrativo mediante el cual la administración declaró desierto el proceso de licitación pública LP001 de 2023, dejándolo incólume en todas sus partes”.

Leyva desestimó todos los argumentos presentados por la firma, asegurando que su recurso carece de técnica y que la libre competencia debe primar en todo proceso.

Según el canciller, “en el caso concreto no se están desconociendo los derechos del único oferente, sino que se están reconociendo los derechos de los ciudadanos y de los eventuales oferentes que hubieran podido participar dentro de los límites de la libre concurrencia y la igualdad del trato de oportunidades”.

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