El Gobierno de Gustavo Petro solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo y 23 líderes de bandas criminales de Medellín, dentro de la estrategia de “paz total” impulsada por el Ejecutivo.

La medida quedó consignada en la Resolución 120 del 29 de abril de 2026, expedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El documento, conocido públicamente este 8 de mayo, señala que el Gobierno aceptó un listado de nombres entregado por delegados del Clan del Golfo para avanzar en un proceso de conversación sociojurídica. La resolución también solicita suspender órdenes de captura con fines de extradición.

La iniciativa busca facilitar el traslado de los integrantes de estas estructuras armadas a las Zonas de Ubicación Temporal, conocidas como ZUT, ubicadas en Tierralta, Córdoba, y en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó.

Según el cronograma oficial, el reagrupamiento comenzará de manera gradual el próximo 25 de junio de 2026.

Entre los nombres incluidos aparecen Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña Santana, Luis Enrique Martínez Cogollo, Carlos Andrés Méndez Paternidad y Ermy Daniel Velásquez Cuadrado. También figuran Fredy Ferney Anaya Mejía, Andrés Arrieta Cardona, Luis Antonio Mogrovejo y Jobanis de Jesús Ávila Villadiego.

La lista continúa con Orosman Orlando Ósten Blanco, Elkin Casarrubia Posada, Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, Luis Armando Pérez Castañeda y José Alberto Vega Alvaran. Asimismo, fueron incluidos Deneil Enrique Acosta Ballesteros, Álvaro Padilla Medina, Julio César Sánchez y Ana Gisela Vásquez Jiménez.

Suspensión de órdenes y traslado a zonas temporales

La Resolución 120 establece que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz comunicó oficialmente la decisión a las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la Nación.

El documento argumenta que la medida se sustenta en disposiciones de la Ley 418, relacionada con procesos de paz y sometimiento.

Dentro del listado también aparecen Jesús Betancur, Juan Pablo Marín Quiceno, Esneider Paul Torres Santero y Juan Carlos Hernández Díaz. Además, se suman Armando Morellys Socorraas Negrete, Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda, Arturo Efraín Viera Almanza, Jesús Ramos Machado, Juan David Bahena Miranda, José Higinio Arroyo Ojeda y Jaime Antonio Morelo Fajardo.

Entre los beneficiados estaría alias “Chiquito Malo”, identificado como uno de los principales jefes del Clan del Golfo tras la extradición de alias “Otoniel”.

La suspensión de las órdenes permitirá el desplazamiento de estas personas hacia las zonas definidas por el Gobierno para desarrollar el proceso.

La resolución también menciona que la Fiscalía suspendió las órdenes de captura el 31 de marzo de 2026. La medida forma parte de la estrategia de “paz total”, una de las principales apuestas del Gobierno Petro para abrir diálogos con distintos grupos armados y organizaciones criminales.

Reacciones

La decisión del Gobierno Petro de solicitar la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo provocó reacciones de distintos sectores políticos y de candidatos presidenciales.

Las críticas se enfocaron en los alcances de la política de “paz total” y en el momento en que se conoció la medida.

La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó la decisión y aseguró que el Gobierno “suelta 29 delincuentes del Clan del Golfo en una evidente estrategia electoral”.

Además, relacionó la medida con otras decisiones adoptadas dentro de la política de paz total y criticó la situación de seguridad en algunas regiones del país.

Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo calificó la decisión como una “vergüenza” y una “irresponsabilidad muy grande”.

Fajardo señaló que la suspensión de órdenes de captura le otorga visibilidad política a una de las organizaciones criminales más poderosas del país, a pocos días de la primera vuelta electoral.

El senador Christian Garcés también reaccionó a la medida y afirmó que durante el gobierno de Gustavo Petro se suspendieron órdenes de captura a 205 criminales, de los cuales 75 fueron nombrados gestores de paz.

Garcés cuestionó que entre los beneficiados aparezca alias “Chiquito Malo”, señalado por autoridades estadounidenses por terrorismo y narcotráfico transnacional.

Además, sostuvo que el próximo gobierno deberá desmontar la política de paz total y fortalecer las acciones de seguridad contra estructuras armadas y organizaciones criminales.

El proceso se reactiva tras una suspensión previa

El documento recuerda que en marzo de 2026 el Gobierno revocó una suspensión anterior, relacionada con la Resolución OCCP 070 del 9 de marzo, debido a que no se concretó un traslado acordado en Doha.

Con la nueva Resolución 120, el Ejecutivo reactivó el proceso y retomó los acercamientos con el Clan del Golfo.

La decisión generó debate en distintos sectores del país debido al alcance de la suspensión de órdenes de captura, especialmente en casos relacionados con narcotráfico y solicitudes de extradición.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la medida busca avanzar en los diálogos y facilitar el desarrollo de las conversaciones sociojurídicas con estas estructuras.

Comments