Como respuesta a los múltiples ataques contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, registrados recientemente en territorios como Cartagena, Jamundí y Tuluá, el Gobierno nacional declaró la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país.

Como se recordará, recientemente se han presentado casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Inpec en diferentes cárceles de Colombia.

Esta decisión, tomada de forma unánime por el Consejo Directivo del Inpec, permitirá implementar diferentes medidas presupuestales y de seguridad.

Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia y seguridad de los centros de reclusión y la guardia penitenciaria.

Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en el país.

La más reciente fue en 2020 por cuenta de la pandemia del covid 19.

Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho dijo que “por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. El otro asunto está relacionado con la extorsión que se ha exacerbado con los hechos registrados recientemente en Tuluá e implica refuerzo de medidas para acabar con este delito”.

Así mismo, Osuna señaló que estos actos criminales podrían ser represalias de las organizaciones delictivas de alto calibre, en respuesta a las operaciones contundentes llevadas a cabo por la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional.

Medidas

Esta emergencia carcelaria permitirá la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos.

Así mismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad.

Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.

El Inpec explicó que, entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, también se destaca un incremento del 41 % en los casos de extorsión, lo cual ha generado preocupación en la sociedad colombiana. Además, se observa un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos lamentables pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.

Unidos

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que está trabajando estratégicamente para desarticular y debilitar a la banda “La Inmaculada”, que opera en Tuluá, Valle.

El Ministro indicó que “consideramos que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales que están heridas y es el momento para que el Gobierno y los sindicatos del Inpec actuemos conjuntamente. La semana pasada firmé un decreto que creó una ‘prima de la vida asistida’ para los trabajadores del Inpec que está en trámite para su gestión. Además, estamos acelerando el diseño del esquema jurídico y la consecución de recursos para ver qué viabilidad tiene un seguro de vida para los guardias”.

Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 tras la liquidación de Caprecom; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el covid 19.

Desde las cárceles

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro señaló “que el ataque a la ciudad se planea y ordena desde las cárceles, que es donde hemos puesto a los cabecillas que quieren aterrorizarla”.

Por ello, insistió al gobierno nacional y al Ministerio de Justicia que, “con base en la emergencia carcelaria, se adopten decisiones más drásticas para atajar el delito que proviene de las cárceles”.

La mandataria precisó además que pese a la colaboración que desde la nación se adelanta para atender la situación de orden público en el departamento, se hacen necesarias acciones contundentes y conjuntas.

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